Columna de opinión de Ángel Figueroa Jaramillo.

El lodo que hoy cubre el periodo de un año de las operaciones de LUMA Energy en la Autoridad de Energía Eléctrica es el resultado del leonino contrato que se firmó por el Gobierno de Puerto Rico y apoyado por el Sr. Gobernador, Pedro Pierluisi, garantizándole al consorcio privado legitimidad e impunidad sobre sobre sus actuaciones impropias y el incumplimiento cabal de las responsabilidades y competencias que le fueron delegadas. De ahí que hayamos denominado dicho acuerdo como la legitimación de la corrupción.

Impunemente los directivos de este consorcio privado se niegan a cumplir con las leyes del país, resistiendo hasta el límite nuestro ordenamiento jurídico. En este primer año hemos visto cómo sus directivos organizan corporaciones ad hoc para hacer negocios con LUMA y así obtener un cuestionable doble beneficio económico.

Es de público conocimiento que más de la mitad de los ingenieros que fungen como tales en la empresa no cumplen con las normas establecidas para dicha práctica profesional, según lo establece el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.

También hay que recordar que para lograr la entrega de documentos por parte del presidente ejecutivo de LUMA, Wayne Stenby a la legislatura de Puerto Rico, hubo que emitir una orden de arresto ante su negativa a rendir cuentas sobre las operaciones de la empresa, olvidando muy convenientemente que el dinero con el que opera LUMA, que no ha aportado un centavo de su capital, es dinero del pueblo de Puerto Rico. Al día de hoy todavía hay información que el presidente de LUMA continúa obstaculizando solicitudes de documentos e información a la Legislatura.

No es tan solo en su desprecio de las leyes por lo que se ha caracterizado LUMA en este primer año. Igualmente es cuestionable su desempeño operacional. La recurrencia de fuegos y graves explosiones en las áreas bajo su responsabilidad, el incremento del número de apagones masivos, el considerable número de reclamaciones reportadas por daños a equipos electrodomésticos, como resultado de las insuficiencias de voltaje o cortes abruptos del servicio, la desatención de los reclamos de los alcaldes, así como los graves daños sufridos en las instalaciones de transmisión y distribución por su negligencia en el cumplimiento de sus responsabilidades con el mantenimiento de los mismos, por lo cual se le paga más de $800 millones para mantener la operación anualmente.

Es tanta la insatisfacción de los abonados con esta empresa privada que el crecimiento del mercado de placas fotovoltaicas y la instalación de plantas generadoras privadas se ha multiplicado geométricamente, tanto a nivel residencial como industrial. Desde su llegada se han conectado mediante fuentes de energía renovables más de 22,000 abonados, demostrativo de la inestabilidad y confiablidad operacional del sistema de transmisión y distribución por parte del operador privado.

Este primer año de LUMA será recordado por los puertorriqueños cada vez que reciben la factura con los cuatro aumentos consecutivos. El efecto de las economías que, por $273 millones deben producir las operaciones de LUMA según Fermín Fontánez y Omar Marrero, directores de la APP y AAFAF respectivamente, los cuales podrían aliviar los pagos, ni se mencionan por los directivos ni aparecen por ninguna parte.

De igual manera ocurre con los otros criterios contenidos en las métricas de desempeño que debe cumplir la privatizadora. Ni una sola palabra de los $40 millones de déficit con los que viene operando, del uso que se le dieron a los $168 millones que se pagaron en el periodo de transición, de los $150 millones que nos cuesta el contrato anual, de los $1,000 millones que le depositaron en su cuenta para que comenzara operaciones. El pueblo puertorriqueño tiene derecho y debe conocer el beneficio de esta inversión multimillonaria de su dinero.

Lo indignante de esta falta de transparencia, que colma la copa, es la ausencia de información y transparencia, es el hecho de que se pretenda reducir el presupuesto del próximo año de la Autoridad de Energía Eléctrica para el mantenimiento y operación de la flota de generación y ponerlos en las ligeras manos de LUMA Energy para que siga gastando a sus anchas. Recordemos los más de $3 millones en salarios en sus 5 principales ejecutivos y incluyendo el más de un millón que cobra Wayne Stenby como CEO. Como si fuera poco, los $2.8 millones pagados en solos meses en hospedajes, hoteles y casas que sale del bolsillo del pueblo

Mientras todo esto ocurre, la supervisión y la fiscalización gubernamental, a través de los organismos correspondientes, es totalmente inexistente. Esta corrupta complicidad, porque no hay otra manera de catalogarla, pone de manifiesto el verdadero significado de lo que logra la presencia de la empresa privada en la esfera gubernamental. El robo y el saqueo de los recursos del pueblo para el beneficio exclusivo de un cerrado grupo de privilegiados que, no dudamos, incluye a personas que fungen como empleados públicos junto a los ambiciosos e inescrupulosos empresarios.

A este tormentoso primer año de LUMA Energy todavía tendremos por delante que sumarle el cómo enfrentará lo que se anuncia como una activa temporada de huracanes. Si bajo la normalidad su accionar ha sido un desastre, ya podemos imaginar las tribulaciones de nuestro pueblo bajo una situación de emergencia luego del paso de un huracán. Mientras tanto, el Gobernador de Puerto Rico salpicado por el lodo que cubre a LUMA, no pierde oportunidad de defender a capa y espada al consorcio “de clase mundial” que día a día evidencia su incapacidad operacional, su avaricia económica y su inexistente compromiso social.

Por todo el desastre que hemos vivido con el contrato de Luma Energy ahora llama a que la Cámara de Representante no solamente a seguir fiscalizando el contrato sino a que el Senado apruebe la Resolución para la cancelación del contrato y de igual manera evitar darle paso a la privatización de la generación del país para evitar otro aumento mas al costo de energía.