Columna del presidente de la UTIER, Ángel R. Figueroa Jaramillo.

En los noticiarios del país pasó como un reportaje más de las cosas insólitas que suelen acontecer en la esfera gubernamental. Los analistos, tan acostumbrados a magnificar las insignificancias del diario quehacer político, apenas le dedicaron unos minutos. Los dirigentes que administran el país optaron por darle pase de paloma al asunto. En fin, uno de los atracos más grandes que ha experimentado nuestra saqueada Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el robo de 130,000 barriles de combustible, valorados en unos $15 millones de dólares, pasó a formar parte de los esqueletos que se guardan en el closet para que nunca se conozca quién es el hombre del Chaquetón Verde que se enriqueció con ellos, además de las decenas de millones de propiedad pública que “paso” a Luma y nadie hizo un inventario.

Hasta donde nos alcanza el conocimiento, no tenemos certeza que de que se esté llevando una investigación minuciosa para dar con los responsables de este descarado asalto de los bienes públicos. Después de todo, la polémica sobre las válvulas que se abren y cierran a conveniencia de las empresas privadas que las controlan llaman mucho más la atención y vende más periódicos que la desaparición de 130,000 barriles de combustible o los millones en propiedad pública como computadoras, vehículos entre otros inmuebles que pasaron a Luma. Con la mayor candidez e ingenuidad nos preguntamos, ¿cómo se hará o se hizo el ajuste por combustible en la facturación correspondiente de los ahora clientes de la AEE? ¿Quién pagará por los bienes públicos que el pueblo pago y pasaron a Luma? ¿Estaremos los clientes  pagando doblemente el combustible robado y los gastos operacionales de Luma?

El volumen que ocupan 130,000 barriles de combustible, su manejo y disposición, apuntan a un robo sumamente sofisticado y una trama que supera la capacidad del ladronzuelo común y corriente que se tumba un rollo de cable eléctrico, par de postes para la casa de campo o playa de un amigo del alma, o unos cuantos billetes de la caja chica. Una cosa es la ratería de poca monta y otra muy distinta la sustracción de un enorme volumen de combustible, su manejo y transporte y su disposición en el mercado para realizar la ganancia. La corrupción gubernamental tiene muchas caras. La perdida de millones de dólares en propiedad pública como computadora y equipo de oficina, vehículos, entre otros es la irresponsabilidad y mal manejo de los bienes del pueblo.

Es de suponer que, al llegar la embarcación que transporta el combustible comprado, se haga una medición de lo dispuesto en el manifiesto de carga en el mismo barco. Luego se proceda al descargue, medido, del volumen adquirido. Para corroborar que todo está en orden habrá que asegurarse de las medidas previas en los tanques de reserva de la AEE y de las medidas obtenidas en éstos, una vez completado el proceso de transbordo. Para corroboración mínima de lo correcto del descargue y entrega, una medida final del contenido de los tanques del barco sería lo más lógico. Cabría esperarse que haya una verificación del cumplimiento de este sencillo proceso antes de emitir o refrendar el pago del combustible.

O lo más sencillo hacer un inventario de toda la propiedad que hoy Luma ocupa que fue adquirida con fondos públicos. ¿Quién es el responsable?

Los 130,000 barriles de combustible no es la compra de un año. El descubrimiento de su desaparición corresponde solamente a un trimestre. ¿Qué tal será el resultado final si se realizan auditorias adecuadas de un año, de los pasados dos o más años? Este evento y las subsiguientes acciones frente al descubrimiento del mismo ponen al descubierto los patrones de ineptitud deliberada con los cuales se ha pretendido manejar, para su inhabilitación y entrega a la empresa privada, nuestra Autoridad de Energía Eléctrica. No es mediante el robo de combustible únicamente como toda una cuadrilla de delincuentes de gabán y corbata se han valido de la AEE para obtener provecho personal y favorecer a los amigos de la casa.

La privatización total de la AEE, aspiración programática de la presente administración gubernamental, será el golpe final para legitimar lo que hoy se ha venido haciendo de espaldas al pueblo y contrario al derecho prevaleciente. No se necesita ir muy lejos en el análisis para llegar a esta dolorosa conclusión. El manto de silencio que sobre este aborrecible hecho se ha tendido en la AEE es muy similar a la pauta establecida por el consocio LUMA Energy cuando se resiste a ofrecer la información necesaria para que el pueblo conozca en qué se utiliza el dinero de los contribuyentes. Una mano tapa la otra y así, ilícitamente, se enriquecen unos pocos mientras el país pierde uno de sus principales activos, paga la energía eléctrica más cara cada día y Puerto Rico se hunde más profundamente en el estercolero que genera la privatización.