Columna de opinión del licenciado Jaime Sanabria

La equidad no es un destino; es un camino. En materia de derechos laborales, Puerto Rico, poco a poco, ha ido construyendo un camino asfaltado por unos estándares razonables de equidad a los que les queda, no obstante, todavía un largo trecho para situarse en la liga de los países en los que prácticamente no existen distinciones, entre sus pobladores, por razones de sexo. Uno de los logros para la asimilación de derechos, en materia de de igualdad entre hombres y mujeres (quizá el que más controversia ha despertado y por el que más se ha combatido, en particular, desde el universo femenino), lo constituye la licencia remunerada por maternidad en el ámbito laboral del sector privado.

En 1942, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Protección de las Madres Obreras que estableció un periodo de ocho semanas – distribuidas entre antes y después del parto – para que las madres pudiesen atender a sus neonatos sin menoscabo de sus derechos laborales, incluso percibiendo, en aquella época, la mitad del salario. Sucesivas enmiendas de aquella Ley la han conducido a la actual, en la que se mantienen las ocho semanas iniciales, pero, ahora sí, con una plena remuneración salarial.

Quizás estancado por la ley laboral federal que solo contempla 84 días de licencia, pero sin ningún tipo de remuneración, Puerto Rico ocupa el último vagón del tren de los países de América en beneficios por maternidad, con esos 56 días de licencia remunerada (la Organización Internacional del Trabajo recomienda un mínimo de 98 días). Sin duda, este es un aspecto susceptible de mejora con la finalidad de certificar una mayor plenitud en los derechos de la mujer y también fomentar una natalidad capaz de reponer las bases productivas en una población longeva como la puertorriqueña, con una alta esperanza de vida, y subsidiada por las pensiones de retiro. La reposición de esas bases productivas solo puede ser garantizada a través de una política eficaz de natalidad a largo plazo cuyos frutos pueden, y de hecho son recogidos no pocas veces, por otras formaciones políticas distintas a las que, en su momento legislaron, en favor de facilitar la fecundidad.

Pero además de la necesaria ampliación de la licencia con paga de maternidad a las mujeres puertorriqueñas, sobre la misma mesa negociadora de la equidad, la sociedad civil boricua debe cabildear a favor de la licencia de paternidad en el sector privado, una utopía hace medio siglo en todo el planeta, una realidad hoy en numerosos países, en particular los europeos, de ordinario más avanzados en asuntos de derechos laborales que los americanos.

Como mencionaba al inicio, la equidad es un camino y hay que transitarlo con iniciativas que surjan de círculos afines al progreso; la igualdad en ambas licencias, obviamente con la misma remuneración durante esas ocho semanas para el padre, ofrece ventajas incuestionables que pueden ser sintetizadas en cinco puntos generales que desembocan en otros muchos específicos. Se mencionan a continuación sin que esta prelación suponga orden de importancia:

•Mejoraría la relación en el círculo familiar al compartir las labores de crianza de ambos progenitores en las semanas más próximas al nacimiento;

•Mejoraría la interacción paterno-filial por la estrechez de los lazos que se establecen en esa etapa inicial de la vida de las criaturas;

•Fortalecería las oportunidades de progreso de la mujer en el trabajo al no verse obligada a interrumpir su trayectoria profesional por razón de criar, de manera exclusiva, a su prole.

•Favorecería la no perpetuación del rol de la mujer como cuidadora de los niños, lo que favorecería su integración en el mercado laboral.

•Mejoraría el clima emocional y moral en los ambientes de trabajo, precisamente, por ese espíritu de corresponsabilidad que se propone con la extensión de la licencia remunerada de paternidad.

No debe ser lo planteado un asunto de menor importancia porque el camino se construye en cada momento, con los ladrillos de las reivindicaciones razonables y razonadas con la finalidad de que se materialicen en leyes. El reconocimiento legal de la licencia de paternidad debe ser un pilar necesario en el sostén del sistema jurídico puertorriqueño y, para hacerlo, Puerto Rico debe orientar su mirada a aquellas sociedades que han adoptado normas sin distinguir entre hombres y mujeres a la hora de facilitar laboralmente la crianza de los hijos.

En materia de igualdad de derechos, cualesquiera, de hombres y mujeres, el camino, en sí mismo, ya es un fin.