La primera directriz de la junta federal de control fiscal será que ningún viaje en Uber en Puerto Rico podrá costarle más de $4.25 a cualquiera de los siete miembros de la junta.

La directriz vendrá acompañada por un recordatorio a la ciudadanía de que los miembros de la junta federal pueden aceptar regalos y contribuciones, por si alguien les quiere regalar esos viajes en Uber, o cualquier otro obsequio (Ley PROMESA, Sec. 104).

A su vez, por consejo del abogado legal de la junta, la directriz también le recordará a los choferes de Uber que se arriesguen a recoger miembros de la junta federal que estos últimos tienen prácticamente inmunidad absoluta por cualquier acto o daño que realicen o cometan en el ejercicio de sus funciones (Ley PROMESA, Sec. 105).

La directriz dispondrá que cualquier chofer de Uber en la Isla que trabaje también como empleado gubernamental estará sujeto a una reducción de sus ingresos si la junta determina que debe estar sujeto a medidas de austeridad dado que su salario está siendo suplementado. Ni el Gobernador ni la Legislatura tienen autoridad para hacer nada en contra de esta directriz (Ley PROMESA, Sec. 108).

Por último, la junta aún considera si le obligará al Gobernador de Puerto Rico y a la Legislatura a implantar un ‘UBER-IVU’ o ‘UBER-TAX’ con el propósito de sufragar parcialmente los gastos y costos multimillonarios de la junta (Ley PROMESA, Sec. 107).

Estos gastos de una junta de siete individuos le costarán al pueblo de Puerto Rico unos $370 millones de dólares, mas ‘decenas de millones de dólares’ adicionales para la implantación de las directrices de la junta, según los estimados del informe reciente del ‘Congressional Budget Office’ (CBO).

(Si algo de esto le suena absurdo, entonces léase detalladamente la ley ‘PROMESA’ y verá que nada de esto le sonará tan ridículo como la propia ley).

*El autor es abogado.