NotiCel abre un espacio para las propuestas novedosas y arrojadas en lo social, económico y político, de forma que se pueda superar la crisis construyendo un nuevo país. Participan la senadora del Partido Popular Democrático por el distrito de Mayagüez-Aguadilla, Mari Tere González (@mtsenadora), y la candidata a la Comisaría Residente por el Partido Nuevo Progresista, Zoe Laboy (@zoelaboy).

Una medida de avanzada

Por: Mari Tere González (@mtsenadora)

‘No comparto tu opinión pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla’. – Voltaire

Con el transcurrir del tiempo la democracia puertorriqueña se ha fortalecido con el establecimiento de organismos y entidades que velan, protegen y promueven la defensa de los derechos humanos en nuestra sociedad. Ojalá no hicieran falta pues sería una muestra inequívoca de que nuestra sociedad y nuestra democracia han avanzado.

Nuevas políticas públicas han ido marcando un camino y en gran medida el curso de acción en nuestro gobierno se ha fortalecido con las acciones tomadas por parte de nuestra administración, que desde el comienzo se ha destacado en el tema de derechos humanos.

Esto debe impulsarnos a seguir desarrollando y transformando las condiciones en que se desenvuelven las actividades de los individuos y de los diversos grupos sociales, por lo que se hace necesario atemperarnos a los tiempos para ser responsivos a las nuevas realidades en el ejercicio social y el clamor por la equidad y los derechos humanos para tod@s en nuestra sociedad puertorriqueña.

En ese sentido el Proyecto del Senado 1377 que crearía la Defensoría de Derechos Humanos es un paso en la dirección correcta. Esta propuesta tiene el propósito de consolidar las seis procuradurías y la Comisión de Derechos Civiles en una Defensoría, con el fin de maximizar nuestros recursos económicos y humanos para colocarnos a la vanguardia en la lucha por proteger los derechos inalienables y la dignidad de tod@s los puertorriqueños(as).

Con la creación de la Defensoría se fortalece nuestra gobernanza democrática, ya que nuestra estructura gubernamental les otorgaría un mayor grado de participación e injerencia a los ciudadanos(as). Este nuevo organismo sería el eje central que establecería la nueva política pública que ampliaría y protegería con tenacidad los derechos humanos en el País.

Las experiencias en la toma de decisiones desde la esfera gubernamental nos evidencian la imperiosa necesidad de acercar sus estructuras, agencias y procesos a nuestra gente para promover una mayor participación de las poblaciones cuyos derechos se buscan proteger y garantizar, otorgándole poder decisional sobre los asuntos que le conciernen. Esto se logrará asegurando una verdadera participación ciudadana con desprendimiento del poder ejecutivo, para que la defensa de sus reclamos no estén sujetos al vaivén de los cambios de administraciones, sino a las aspiraciones intrínsecas de una sociedad que a través de sus distintos sectores y matices reclama que se le trate con respeto y justicia.

De esta forma, se traza la ruta para transformar la conciencia colectiva hacia la férrea defensa de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad como lo son nuestras mujeres, nuestras personas de edad avanzada, las personas con necesidades especiales, los veteranos(as), nuestros pacientes, entre otros. Siendo este el reclamo, principalmente, de los propios grupos y organizaciones que han venido requiriendo un cambio en el diseño y en el mecanismo de las instituciones que promueven y defienden sus derechos a los fines de buscar una mayor protección.

Estos reclamos traen a mi memoria la promesa de campaña de reducción y eliminación de dietas en la asamblea legislativa, ya que a inicios de este cuatrienio la gente nos reclamó que disminuyéramos nuestro salario, fueron muchos los que resistieron, yo entendía que era justo y necesario hacerlo, no porque representara un ahorro sustancial en las arcas del erario, sino porque era un gesto de desprendimiento y acercamiento ante la difícil situación que vive nuestro pueblo. Como un asunto de recobrar esa fe y credibilidad perdida y de dar el ejemplo.

Ciertamente la Defensoría de Derechos Humanos en términos conceptuales y filosóficos es un tema vital, sin embargo, en el análisis que ejerceremos desde la Asamblea Legislativa hay un gran reto y el desafío subyace en la identificación de una herramienta procesal adecuada para garantizar este nuevo esquema o estructura sin afectar los servicios a las poblaciones vulnerables y necesitadas que tanto merecen y a las que hay que vindicarles sus derechos todos los días.

Si en efecto queremos transformar nuestra realidad política, económica y social no podemos aferrarnos a los viejos paradigmas. Este proyecto no inmola, ni victimiza a nadie sino que abre el camino para que desde el tema de derechos humanos diseñemos el nuevo Puerto Rico que le queremos legar a las presentes y futuras generaciones. Todo va a depender desde qué óptica y bajo qué lentes estemos mirando las cosas, al final la consigna que importa es el respeto, la equidad e igualdad para todos y todas.

Para que sea un derecho, se tiene que poder exigir

Por: Zoé Laboy (@zoelaboy)

La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América nos habla de que los hombres y las mujeres gozan de un derecho inalienable a la vida, la libertad y a la búsqueda de la felicidad. El gozar de un derecho requiere poder ejercerlo y, cuando se intenta menoscabarlo, exigirlo. De otro modo, el derecho no es derecho.Invito al(a) lector(a)aque reflexione y conteste si gozamos de estos derechos, no porque decimos tenerlos (o así nos lo dicen), sino porque podemos exigirlos. Al sentarme a escribir esta columna concluyo que en Puerto Rico no gozamos plenamente de estos derechos inalienables.

El derecho a la vida va de la mano con estar saludable y segur@.En días recientes hemos visto cómo los recortes en el área de Medicare Advantage ponen de manifiestoel hecho de que los ciudadan@s american@s que residimos en Puerto Rico no tenemos el mismo derecho a la salud que nuestr@s conciudadan@s en los Estados. De igual modo, sabemos que en el asunto de seguridad pública no recibimos trato igual a los Estados en áreas como Homeland Security.Peor aún, noten cómo, pese a los esfuerzos que llevamos a cabo en Washington, D.C., no tenemos una forma clara y democráticaparaEJERCER y HACER VALER ese derecho a la salud, a estar segur@s y, por ende, a la vida. El Congreso puede discriminar contra l@s que vivimos en Puerto Rico y en efecto negarnos ese derecho a un trato igual en lo que respecta a nuestra salud y nuestra seguridad.

Las actuaciones del gobierno de Puerto Rico también entorpecen estos derechos. Miremos las primeras planas y veamos cómola crisis económica que vivimos está impactandodirectamente el disfrute deestos derechos.El carácter punitivo de los impuestos que ha aprobado este gobierno y las alzas en los costos en servicios básicos coarta el derecho de nuestra gente de poder subsistir y poder aspirar a una buena calidad de vida. Una persona no debería tener que estar obligada a irse de su patria porque no tiene la manera de ganarse la vida dignamente y poder vivir en ella.

Por otro lado,como una alegada alternativa paraatender la crisis, la cual no es más que una agenda totalmente política en contra de funcionari@s de la pasada administración que denota total improvisación y desconocimiento,el gobierno ha presentado un proyecto para crear una súper defensoría en la cual seconglomeraríantodas las procuraduríasqueconocemos hoy.Esta medida a penas traeeconomíassignificativas para el gobiernoy crea un aparato totalmente burocrático, que lejos de ser eficiente en pro de los individuos, con lo cual coincido es necesario trabajar, trae de vuelta modos de operar que se habían erradicado en el pasadoprecisamentepara traer economías al gobierno. Por un lado, este proyecto pretende bajar el salario de l@s defensor@s, pero por otro pretende traer de vuelta las famosas dietaspara cada uno de los nueve componentes de cadaConsejo que dirigirá cada Defensoría. Sí, leyeron bien; nueve componentes por cada una de las cinco defensorías tendrían derecho a reclamar dietas. Mientras el gobierno se enfoca en jugar a la agenda política revanchista, deja depensar en si elloatentarácontra losserviciosa los quetienenderecho las personas de edadavanzada,los pacientes,laspersonas con impedimentos,nuestras mujeres y veteran@s.

Mientras todo esto sucede, laformaenque much@s resuelven el problema es yéndose de la Isla, a los estados, donde no solamente gozan de estos derechos sino donde pueden exigirlos. Mi llamado a l@s que estamos en la Isla, y a l@sque se han ido, esque luchemos para que no nos veamos en la necesidad de abandonar nuestra patria.Ya es hora de poder gozar de estos derechos en Puerto Rico. Es hora de exigirlos.