En el caso de violencia doméstica que dio paso a la matanza que cobró tres vidas la semana pasada en el municipio de Yauco.

El Departamento de Justicia designó a la fiscal Laura Hernández, directora de la división de Coordinación de las Unidades Especiales, para examinar el desempeño del Ministerio Público en el caso de violencia doméstica que culminó trágicamente con la matanza que cobró tres vidas la semana pasada en el municipio de Yauco.

Una solicitud de audios de todas las vistas judiciales, realizada por NotiCel, evidenció que ninguna de las fiscales que atendieron el caso de Linnette Morales Vázquez, hizo gestión alguna para insistir en que los jueces, y en particular la última, la jueza Ginny Vélez Carreras, tras encontrar causa para arresto por maltrato contra Wilfredo Santiago Figueroa, le fijara una fianza de $5,000 y no le requiriera utilizar grillete. Esto ocurrió a pesar de que era reincidente y así lo disponía el informe del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ).

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Ayer, el gobernador Pedro Pierluisi eximió de cualquier responsabilidad al Departamento de Justicia en el mal manejo del caso de violencia doméstica asegurando que el secretario de ese departamento, Domingo Emanuelli, “seguro que goza» de su confianza.

«Estamos haciendo la investigación con la mayor celeridad, yo no le puedo dar un ‘timming’, o un tiempo (de cuando estará completada), pero sí les puedo decir que estamos adelantados y hemos hecho mucho avance en la evaluación sobre lo que hemos tenido a nuestra disposición», expresó Hernández durante su participación en el programa Jugando Pelota Dura anoche.

La fiscal fue enfática en que el tribunal falló en no imponer un grillete electrónico a Santiago Figueroa pese a su abultado expediente delictivo y de maltrato.

«No podemos desviar la atención porque aquí, de lo que no hay duda es que aquí el tribunal tenía un deber legal de la imposición de un grillete electrónico. Y no podemos desviar a que el fiscal se lo tenía que haber pedido», sostuvo Hernández.

«Nosotros podemos rogar, podemos persuadir al tribunal sobre unos aspectos, pero en cuento a la imposición de la supervisión electrónica aquí el deber legal de la imposición de supervisión la tenía el tribunal. Y yo no quiero que aquí piensen que no queremos asumir responsabilidad, ni mucho menos. Aquí el Departamento de Justicia ha sido proactivo para atender y remediar las situaciones que se han dado. Pero le tengo que ser clara, aquí si este audio está disponible para todo el mundo es porque nosotros cedimos al audio y ya nosotros lo habíamos escuchado. Y ¿por qué? Porque nosotros queremos tener las manos limpias ante el pueblo de Puerto Rico. Porque nosotros no podemos procurar que por un asunto como este, las víctimas dejen de acudir a los tribunales», agregó la fiscal.

Durante las declaraciones del martes, y a preguntas de la prensa sobre la labor específica de la fiscal Alexandra Aulet, Pierluisi Urrutia se reiteró en que le tocaba a la jueza Vélez Carreras revisar el informe. “Si no lo hizo o lo hizo e hizo caso omiso de esa reincidencia, pues ahí falló”, comentó Pierluisi Urrutia a preguntas de NotiCel.

Ante estas expresiones, el licenciado Sigfredo Steidel Figueroa, director de la Administración de Tribunales de Puerto Rico, tuvo una respuesta.

«La declaración del señor gobernador en cuanto a la determinación de la fianza y en cuanto a no determinar una supervisión electrónica dirigiendo que eso es una cosa que le compete a la jueza, pues bueno es una determinación que le compete a la jueza. La fianza la imponen los jueces, las medidas provisionales las imponen los jueces a base de la prueba que tiene», indicó Steidel Figueroa.

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Tras defender una serie de gestiones administrativas del Departamento de Justicia en torno al manejo de casos de violencia doméstica, Pierluisi Urrutia también dijo ayer que, a su juicio, hubo dos fallas en el caso y ninguna involucra a la fiscalía.

«Claro está, el señor gobernador también ha indicado que hay que mirar todo el componente de seguridad pública. Ha planteado que Justicia debe examinar el comportamiento de los fiscales y desde nuestra parte estamos participando de ese llamado de mirar todo lo que ocurrió de manera en conjunto. Ha habido reuniones, y habrá más reuniones», concluyó Steidel Figueroa al hablar de ese particular.

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