Informe señala que estas muertes «han dejado consecuencias muy traumáticas que impactan en el ámbito social, económico y familiar, y acarrean consecuencias psicológicas y emocionales severas a los menores».

San Salvador.- Más de 170 menores de edad quedaron en la orfandad tras la muerte del padre, la madre o ambos en las cárceles de El Salvador en el contexto de la medida de régimen de excepción, implementada por el Gobierno del presidente, Nayib Bukele, para combatir a las pandillas en una llamada «guerra», así lo revela un informe presentado este miércoles.

El documento de la organización de derechos humanos Cristosal indica, según lo investigado, que el régimen de excepción «también tiene un impacto en niños y adolescentes cuando estos quedan en condición de abandono y desprotección por la muerte de algún pariente».

Señala que al menos 106 de las personas fallecidas -de 261 casos (244 hombres y 17 mujeres) registrados por la ONG- tenían hijos y estas muertes «han dejado consecuencias muy traumáticas que impactan en el ámbito social, económico y familiar, y acarrean consecuencias psicológicas y emocionales severas a los menores».

Según la organización, entre las ocupaciones de las personas que han fallecido en prisión bajo custodia de agentes de seguridad del Estado en el régimen de excepción está la de jornaleros y pequeños agricultores.

Ingrid Escobar, directora de la organización civil Socorro Jurídico Humanitario (SJH), dijo en junio pasado en declaraciones a EFE que la cifra de fallecidos en custodia de las autoridades de seguridad en dos años de este régimen superó las 301 y la mayoría se habrían dado de forma violenta.

En una de sus conclusiones, Cristosal apunta que «el régimen de excepción ha establecido en El Salvador un estado de excepción permanente y generalizado que vulnera los derechos humanos de personas más desfavorecidas, que exhibe como triunfo nacional e internacional una medida punitiva populista que ha servido para el control del poder y las ambiciones presidenciales de la reelección».

Además, «ha acentuado el militarismo en la seguridad pública, ha promovido a distintas escalas la impunidad histórica en El Salvador y su aplicación ha ocasionado graves y masivas violaciones de los derechos humanos a un nivel que no ocurría desde el conflicto armado interno».

«La gravedad y alcance de los hechos, su carácter sistemático y generalizado, así como el perfil de las víctimas permiten considerar que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en El Salvador», añade.

El Congreso de El Salvador, dominado por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó el martes la vigésimo octava ampliación del régimen de excepción, medida que suspende garantías constitucionales en la llamada «guerra contra las pandillas».

De acuerdo con datos oficiales, desde marzo de 2022 se han registrado más de 81,100 detenciones de supuestos miembros de pandillas y personas con presunta vinculación a estas bandas.