Diversos frentes anticipan la posibilidad de que sea cada estado el responsable de regular el aborto en Estados Unidos.

La posibilidad de que el aborto quede prohibido en la mitad conservadora de Estados Unidos ha obligado al movimiento feminista a organizarse y buscar soluciones para preservar en la medida de lo posible el acceso a ese derecho, sobre todo para las mujeres más pobres.

Ayer, sábado, se cumplieron 49 años de «Roe versus Wade», la decisión del Tribunal Supremo que desde 1973 obliga a permitir el aborto en el país hasta el momento de «viabilidad» del feto fuera del vientre materno, un límite que ahora está en torno a las 23 o 24 semanas de embarazo.

Cuando el Supremo dio la razón a Norma McCorvey, que bajo el seudónimo de Jane Roe había demandado a Texas por no haberle permitido abortar, la interrupción voluntaria del embarazo solo era legal bajo ciertas circunstancias en 17 de los 50 estados del país y los abortos ilegales eran comunes.

Estados Unidos podría volver a una situación parecida a mediados de este año, cuando el máximo tribunal tiene previsto emitir un fallo sobre el aborto: todo apunta a que los jueces impondrán nuevos límites a ese derecho, y es posible que anulen el precedente marcado en 1973.

«Sabemos que el Tribunal Supremo, con su mayoría conservadora, va a derogar ‘Roe (versus Wade)'», dijo Sharmin Hossain, la directora de campañas de la coalición Liberate Abortion, en una entrevista con Efe.

Si eso ocurre, cada estado del país podrá decidir cómo regula el aborto, y se espera que 26 territorios de tendencia conservadora tomen medidas para restringirlo o prohibirlo del todo, de acuerdo con el centro de investigación sobre salud reproductiva Guttmacher.

«Cambiar la cultura que rodea al aborto»

Esa perspectiva ha obligado al movimiento feminista a aceptar que tiene que «trabajar unido» y superar las divisiones entre organizaciones grandes y pequeñas, entre aquellas dirigidas por mujeres blancas o las de minorías raciales, explicó Hossain.

«Sea o no legal el aborto, siempre vamos a luchar por el acceso (a ese servicio) y encontraremos formas (de proporcionarlo)», añadió la activista.

Liberate Abortion, la coalición a la que pertenece Hossain, reúne a «más de 125 organizaciones comprometidas con los derechos reproductivos», desde grupos grandes nacionales como Planned Parenthood hasta pequeños fondos que ayudan a financiar los abortos de mujeres pobres, explicó.

Bajo ese paraguas, los grupos quieren pensar en cómo «cambiar la cultura que rodea al aborto» en el país, para «desestigmatizarlo» y conseguir que sea «accesible y asequible» para toda la población, aunque lleve tiempo conseguirlo, agregó.

«‘Roe’ (la decisión de 1973) nunca fue suficiente. No protegió a las personas de color, las negras o las indígenas», opinó Hossain, al recordar que muchos estados conservadores han aprobado restricciones al aborto como el reciente veto en Texas, que han impactado desproporcionadamente a esas poblaciones y a las más pobres.

Para la Casa Blanca y otros grupos nacionales, la solución pasa por la aprobación de una ley que garantice el derecho al aborto a nivel nacional, pero Hossain y otras activistas reconocen que «no hay votos» suficientes en el Senado para sacar adelante esa medida.

Soluciones sobre el terreno

Ante ese panorama, el movimiento ha centrado muchas esperanzas en la posibilidad de aumentar el acceso a la medicación para abortar, que es legal en Estados Unidos hasta las 10 semanas de gestación.

En diciembre pasado, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) levantó su prohibición al envío por correo postal de las píldoras abortivas de mifepristona, lo que permite a las pacientes solicitarlas en una cita médica virtual y recibirlas en su hogar, sin necesidad de que las vea un médico en persona.

Pero ese recurso tampoco es la panacea: en 19 estados, las consultas de telemedicina sobre el aborto están prohibidas, y es posible que las autoridades de esas zonas aprueben legislación para restringir más el acceso.

En la práctica, muchas mujeres que vivan en estados conservadores y quieran abortar tendrán que plantearse viajar a territorios donde el aborto sea legal, algo que es caro y puede llevar días, por lo que puede resultar imposible para muchas mujeres pobres.

Ese será probablemente el caso de muchas pacientes en Ohio, un estado que ha aprobado un veto total al aborto que entrará en vigor si el Supremo deroga la decisión de 1973 y donde las clínicas ya están pensando en cómo ayudar a esas personas a buscar ayuda fuera del estado.

«En este momento de crisis, es alentador ver que nuestro movimiento se está uniendo para pensar cómo podemos apoyar a la gente», afirmó a Efe la directora ejecutiva de Preterm Ohio, Jen Moore Conrow.

Esa clínica en Cleveland (Ohio) es la mayor del estado, atiende actualmente a unas 5,000 pacientes al año y está planteándose qué hacer cuando llegue la decisión del Supremo: si cerrar sus puertas o reinventarse para «ayudar a la gente a llegar a donde tengan que ir» para abortar, explicó Moore Conrow.

Mientras, Planned Parenthood, la mayor red de clínicas de salud reproductiva del país, está «aumentando su inversión» en los recursos para que esas pacientes puedan viajar y «expandiendo el acceso» al aborto por telemedicina, según la presidenta de la organización, Alexis McGill Johnson.

«Aunque este es un momento oscuro, la gente está dejando muy claro que quieren acceso al aborto en sus comunidades», dijo McGill Johnson en declaraciones a Efe.