A pesar de que estudios forenses determinaron que murió por asfixia, la Policía concluyó que se hizo siguiendo los protocolos

Un gran jurado de Nueva York ha rechazado procesar a varios policías acusados de la muerte del ciudadano afroamericano Daniel Prude en marzo de 2020, cuando se encontraba bajo custodia policial en la localidad de Rochester, y que desató protestas en esa ciudad, anunció este martes la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

«En el curso de nuestra investigación concluimos que había suficientes evidencias en torno a la muerte de Prude que justificaban presentar el caso ante un gran jurado. Presentamos el caso más consistente posible», dijo James en una conferencia en la que anunció con pesadumbre que los miembros del gran jurado habían rechazado procesar a los agentes.

La fiscal general aseguró sentirse «extremadamente decepcionada» por la decisión del gran jurado cuya función es determinar si existen evidencias suficientes para iniciar un juicio.

«Sé que la comunidad de Rochester y las comunidades a lo largo y ancho del país están, con todo el derecho, decepcionadas por este resultado», dijo James quien, tras agradecer el servicio prestado por los miembros del jurado, insistió en que «el sistema de justicia penal ha frustrado los esfuerzos de que agentes de seguridad respondieran por sus actos».

Prude, que sufría algún tipo de episodio psicótico y estaba semidesnudo cuando intervinieron los agentes de policía, fue esposado y encapuchado para que dejara de escupir.

Una investigación del departamento de policía concluyó en abril de 2020 que la detención se hizo siguiendo los protocolos y el entrenamiento recibido.

Sin embargo, los forenses determinaron que la muerte fue un homicidio por asfixia.

Las informaciones sobre su muerte se mantuvieron lejos del alcance de la opinión púbica, hasta que a comienzos de agosto los abogados de la familia de la víctima difundieron el vídeo de su detención, lo que provocó protestas en la ciudad en medio del movimiento antirracista Black Lives Matter, que se había desatado el mayo anterior por el asesinato del ciudadano negro George Floyd, a manos de policías.

Para la fiscal general, el «sistema judicial necesita urgentemente una reforma».

«El sistema ha sido construido para proteger y parapetar a los agentes de su mal hacer y el sistema de rendición de cuentas, demasiado a menudo, permite a los oficiales usar de manera innecesaria fuerza letal sin consecuencias y esto es así porque el sistema tiene sus fundamentos rotos», dijo Letitia antes de proponer varias medidas.

La primera de ellas, que los agentes de policía, pero también el personal que atiende llamadas de emergencia y los servicios médicos sean entrenados para reconocer los síntomas del síndrome del delirio agitado, que sufría la víctima, y responder en estas situaciones como en una emergencia médica grave.

Entre otras recomendaciones, también propuso la creación de modelos para minimizar o eliminar las respuestas policiales ante situaciones relacionadas con problemas de salud mental «siempre que sea posible», así como entrenar a los policías en técnicas de distensión de situaciones.

«La piedra angular de este esfuerzo es reformar la ley del uso de la fuerza de una que la considera una simple necesidad subjetiva a una que la defina como el último recurso absoluto al que recurrir una vez agotados todos los demás medios no letales, antes de recurrir a la fuerza letal», indicó James en una rueda de prensa ofrecida en Rochester.