Muchos apuntan al aumento de crímenes ambientales y al rol permisivo del gobierno de Jair Bolsonaro.

La Amazonía brasileña, que alberga el mayor bosque tropical del mundo, está en camino de cerrar 2020 con un récord de área devastada, apuntaron a EFE analistas medioambientales, después de que las denominadas «alertas de deforestación» hayan crecido un 33 % en el período interanual que concluyó en julio pasado.

Según explicó a EFE Marcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, una red que reúne a más de 50 organizaciones civiles en defensa de causas ambientales en Brasil y en el mundo, las estimativas señalan que «probablemente en noviembre estaremos en la esfera de los 13,000 kilómetros cuadrados (deforestados) o hasta pasar un poco de esa cifra».

Es decir, Brasil tendrá la mayor cantidad de selva devastada en la Amazonía en los últimos 32 años, pues la medición con los parámetros actuales comenzó en 1988.

De acuerdo con los datos difundidos este viernes por el Instituto de Pesquisas Espaciales (Inpe), se calcula una área degradada en los últimos 12 meses de un total de 9,125 kilómetros cuadrados en el mayor pulmón vegetal del planeta, según las alertas captadas por satélite.

Este sistema, conocido como Deter y que vigila la tala ilegal, los incendios y la deforestación para la minería, sirve de guía para conocer el alcance de la deforestación real, que se difunde en noviembre con datos consolidados.

Brasil ya registró en 2019 la mayor deforestación en 11 años, con unos 10,000 kilómetros cuadrados de selva talados, área equivalente al territorio de un país como Líbano.

En ese mismo año, las oleadas de incendios en regiones de la vasta Amazonía brasileña, como las de Rondonia o Pará, conmocionaron al mundo.

Para Astrini, la situación en la Amazonía brasileña es «alarmante» y se debe al aumento de los crímenes ambientales y a la permisividad que sobre ellos ha tenido el Gobierno de Jair Bolsonaro.

El jefe de Estado ha sido criticado por ONG y algunos gobiernos extranjeros por sus políticas antiambientalistas.

Ha sido acusado de proponer una reducción de la fiscalización ambiental en la región y de la legalización de la minería en las reservas indígenas en aras del «progreso» de la región.

«La deforestación está fuera de control, tiene un incremento consistente y está siendo impulsada por el aumento del crimen ambiental en la Amazonía, principalmente por la apropiación ilegal de tierras públicas, y tiene como el gran promotor de ese escenario, al Gobierno federal que no combate el crimen», denunció Astrini.

Lo dicho por el experto fue respaldado por otras organizaciones defensoras del medio ambiente como Greenpeace que denunció la falta de transparencia del Gobierno del líder ultraderechista e Imazon que lo acusó de querer cambiar las leyes «para legalizar las áreas deforestadas».

Según el experto, los datos revelan que el actual Gobierno no consiguió cumplir con su ley climática y «fracasó» en el objetivo de limitar para este año la deforestación de la Amazonía a un máximo de 3,925 kilómetros cuadrados.

«Esto también nos desvía de la ruta del Acuerdo del París, que creará una serie de dificultades comerciales para Brasil en el período crítico de recuperación económica en la pospandemia», apuntó.

Para combatir el aumento de la deforestación en la Amazonía brasileña, más de 60 organizaciones de la sociedad civil plantearon la víspera al Congreso de Brasil, así como a inversionistas y parlamentarios extranjeros prohibir durante cinco años la tala de árboles en la principal selva del planeta.

Además de la medida, las organizaciones presentaron otras acciones «urgentes».

Entre ellas, el endurecimiento de las sanciones por delitos ambientales; reanudar el plan de control de deforestación; blindar el área protegida para los indígenas; y reestructurar algunas entidades ambientales del Gobierno actual.