Christopher Pugh tiene 45 años y no ha votado en su vida, pero no por falta de ganas, sino porque las leyes de su estado, Alabama, le han hecho creer que un robo que cometió en sus 20 le privó de ese derecho.

Hoy seis millones de estadounidenses no pueden sufragar por haber cometido algún delito.

La ‘gran’ democracia estadounidense sufre enormes anomalías en su sistema, y además de esos millones de personas a los que no se les permite votar por haber delinquido, existen numerosas legislaciones que restringen el acceso al voto, especialmente a las minorías afroamericana y latina.

Alrededor de 23 millones de personas que han cumplido condenas en EE.UU. no acuden a votar porque creen que la legislación estatal les niega ese derecho, pero 17 millones de ellos, como Pugh, podrían votar de inmediato según datos de la organización Campaign Legal Center (CLC), dedicada a la defensa del derecho al sufragio.

Pugh es uno de esos afroamericanos que hace decadas cometió un delito menor, robo en tercer grado, y ya pagó por ello. De hecho ni siquiera llegó a entrar en prisión, pero se ha pasado veinte años pensando que no podía acudir a las urnas y cuando era más joven nunca lo había hecho.

‘Hace un par de años fui a intentar registrarme para votar, pero en la oficina de registro me dijeron que por mis antecedentes no podía hacerlo’, explica desde su casa de Alabama en conversación telefónica con Efe.

Sin embargo, no se dio por vencido, y acudió a una de estas organizaciones dedicadas a defender el derecho al sufragio, donde tambien se da asesoría legal a personas con casos similares al suyo.

‘Miraron mis antecedentes y me dijeron que sí, que podía votar y me ayudaron con el papeleo. Así que volví al mismo sitio donde me denegaron el registro dos años atrás y explique lo que me habían dicho. Estaban cometiendo un error conmigo, nunca hice nada tan grave, fue una cosa de la juventud y ni siquiera fui a la cárcel’, insiste Pugh.

En seis estados, Alabama, Florida, Kentucky, Mississippi, Tennessee y Virginia, más del siete por ciento de la población adulta está privada de sus derechos debido a una condena por delito grave.

Además de estas legislaciones que cercenan los derechos de los exconvictos, existen otras muchas que afectan al voto, como leyes estrictas de identificación con foto, ‘diseñadas de manera que cientos de miles de votantes elegibles y registrados no tienen la identificación necesaria para votar’, explica a Efe Danielle Lang, asesora legal del CLC..

Un caso ejemplar es el de Texas, donde antes de que fuera llevada ante los tribunales, donde fue revocada, una ley de identificación electoral privaba a más de 600.000 votantes registrados a acudir a las urnas por falta de identificación adecuada.

A estas medidas, se suman los recientes intentos de aumentar los requisitos para el registro, incluida la prueba documental de ciudadanía y los sistemas de doble registro, algo que, advierten, ‘amenaza con congelar al electorado e impactar de manera desproporcionada a los jóvenes y las comunidades de color no registradas’, agrega Lang.

Asimismo, muchos estados aún limitan a los votantes a solo poder hacerlo en persona, al eliminar el voto anticipado y por correo, lo que hace que votar sea mucho más difícil para los trabajadores, ya que en EE.UU. los comicios son históricamente los martes.

Esta privación de derechos no impacta de forma uniforme en todas las comunidades, insiste la experta, y las comunidades de color se ven ‘enorme y desproporcionadamente afectadas’: En algunos estados, más del 20% de la población negra en edad de votar no puede.

Barbara Arnwine, presidenta y fundadora de Transformative Justice Coalition coordinadora de la Alianza por los Derechos al Voto, y Copresidenta de la Comisión Nacional para la Justicia Electoral, indica que el sistema democrático estadounidense es un ‘mosaico complejo’ cuando se trata de acudir a votar.

‘A pesar de que es evidente que muchas de estas leyes crean obstáculos sustanciales para los votantes, los estados no han tomado medidas para derogar o modificar sus leyes restrictivas de votación’, apunta Arnwine.

Y es que, insiste, ‘algunos funcionarios electos han adoptado la supresión de votantes como una estrategia viable para reprimir a los votantes no deseados, incluidas personas de color, estudiantes, mujeres solteras y otros grupos’.

La democracia estadounidense sufre cada vez más problemas de universalidad en el sufragio, e incluso hay casos de individuos que han sido condenados a penas de cárcel por votar cuando, según las leyes estatales, no podían hacerlo.

Este año, sin embargo, Pugh será uno de los que recuperen ese derecho, y por primera vez en su vida acudirá a las urnas en las elecciones legislativas de noviembre: ‘Por supuesto que ire a votar -asegura-, estoy entusiasmado’.