Así sucede con la aprobación de Brett Kavanaugh

La actividad de los grupos de presión sobre la política de EE.UU. es inherente a las campañas electorales, pero la inyección de millones de dólares -a veces de forma opaca- tambien se da en causas como la aprobación de un juez para el Tribunal Supremo, lo que ahora sucede con Brett Kavanaugh.

La elección de un magistrado del Supremo es, por su carácter vitalicio y por el poder en las decisiones judiciales, un acontecimiento clave en la política del país, fuertemente polarizada, por lo que las cifras que se mueven para influir en esta son millonarias.

Kavanaugh fue nominado por el presidente estadounidense, Donald Trump, el pasado 9 de julio para ser el sustituto de Anthony Kennedy, el magistrado conservador moderado del alto tribunal que había servido como voto de desempate en múltiples decisiones en esa sala.

Desde que Kennedy anunció su jubilación el 27 de junio, fundaciones de corte demócrata y republicano iniciaron acciones para convencer a los ciudadanos de quien debía ser el candidato, con sus miras puestas en los senadores que deben confirmarle a partir del 4 de septiembre.

En canales de televisión conservadores, como Fox News, por ejemplo, no es extraño ver anuncios de alrededor de medio minuto en los que supuestos civiles explican por que Brett Kavanaugh es el mejor candidato para hacerse con la vacante en la corte.

Las distintas firmas de ‘lobby’ buscan presionar a los senadores que ahora tienen en sus manos la confirmación del aspirante creando una opinión pública favorable o contraria al elegido por Trump.

Reuniones con senadores, anuncios y recursos para elaborar estudios sesgados son las principales vías de actuación de estos grupos, relata a Efe el politólogo de la Universidad de Connecticut, David Yalof, quien cree que cuando hay un presidente conservador, las organizaciones derechistas ‘tienden a ser mucho más influyentes’.

Las presiones dirigidas a la opinión pública para que convenzan a los senadores se enmarcan en un contexto en el que las donaciones millonarias a las campañas de los propios representantes políticos son legales en el país y suponen un importante flujo de dinero a cambio -se presupone- de influir en su agenda.

Entre las organizaciones contribuyentes a la causa de Kavanaugh, se encuentra la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA), el grupo proarmas y extremadamente activo en las causas conservadoras, que ha visto en este candidato una vía para garantizar el derecho a portar armas, tal y como aseguran en su web.

‘Brett Kavanaugh es un gran paso para asegurar una mayoría favorable a la Segunda Enmienda en el Tribunal Supremo para toda una generación’, argumenta en su página de internet el grupo ultraconservador, en referencia al polemico apartado de la Constitución que ampara el porte y posesión de armas de fuego.

Otro de los grupos de presión más destacados es Judicial Crisis Network (JCN), que, según algunos medios de comunicación, ya ha gastado cerca de cuatro millones de dólares en anuncios favorables al magistrado y que ya invirtió cerca de diez para hacer lo propio con Neil Gorsuch, el primer juez escogido por Trump en 2017.

Similarmente, la prensa estima que Great America Alliance y otra organización hermana preven poner sobre la mesa un montante en torno a los cinco millones de dólares para ‘ayudar’ a Kavanaugh a conseguir su deseado asiento.

Pero no solo se trata de grupos conservadores, ya que los progresistas tambien son muy activos ante eventos de este tipo, en este caso para evitar que se confirme la llegada de un candidato en el que ven opciones de retrocesos en derechos civiles.

Entre esos grupos alineados con los demócratas, se halla Demand Justice, que prometió acciones por valor de cinco millones en contra de Kavanaugh.

Todas estas entidades utilizan distintos formatos frente al sistema tributario y algunas optan por darse de alta como fundaciones que buscan ‘el bienestar social’.

De esta forma, tal y como explica el reglamento de la agencia tributaria (IRS), no tienen que hacer público de dónde viene el dinero que luego invierten, aunque deben garantizar que destinan a la política menos de la mitad de sus ‘contribuciones’ a ese bien común.