El fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, anunció hoy que su Gobierno llevará ‘a regañadientes’ al Tribunal Supremo el fallo emitido el jueves por un juez federal de Hawái, que redujo el alcance del veto migratorio del presidente Donald Trump a refugiados y nacionales de seis países musulmanes.

‘El Tribunal Supremo debe corregir lo dicho por esta corte inferior. Ahora, regresamos a regañadientes directamente al Tribunal Supremo para reivindicar de nuevo el cumplimiento de la ley y el deber del poder Ejecutivo de proteger a la nación’, dijo Sessions en un comunicado, distribuido por el Departamento de Justicia.

Un juez federal de Hawái contradijo el jueves las directivas emitidas por el Gobierno de Trump y determinó que pueden entrar a EE.UU. los abuelos, tíos y otros familiares cercanos de refugiados y nacionales de las seis naciones de mayoría musulmana afectadas por el veto (Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia).

Desde la entrada en vigor del veto de Trump el pasado 29 de junio, solo podían ingresar a Estados Unidos aquellos individuos que pudieran demostrar su relación con padres, cónyuges, hijos, yernos, nueras o hermanos que ya estuvieran residiendo en territorio estadounidense.

Excluidos de esa categoría de ‘familiares cercanos’ quedaban los abuelos, nietos, tíos, sobrinos y primos, que no podrán servir de ancla a sus familiares en el exterior para tramitar su entrada.

Esa distinción había sido considerada ‘arbitraria’ por organizaciones defensoras de los derechos civiles, como la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU) y también por el propio estado de Hawái, que el mismo día de la entrada en vigor del veto presentó un recurso ante el juez Derrick K. Watson.

En su fallo, Watson consideró que las distinciones del Gobierno en cuanto a los familiares que pueden entrar a Estados Unidos representan ‘la antítesis del sentido común’.

‘El sentido común dicta, por ejemplo, que la categoría de familiares cercanos incluya a los abuelos. De hecho, los abuelos son el epítome de los familiares cercanos. La definición del Gobierno les excluye, y eso simplemente no puede ser’, argumentó Watson.

La sentencia de este juez es especialmente importante porque tiene efectos a nivel nacional y, por tanto, reduce en todo Estados Unidos el alcance del veto migratorio, destinado impedir durante 120 días el ingreso de refugiados y, durante 90 días, el de los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana.

En un duro comunicado, el titular de Justicia de EE.UU. consideró que el juez de Hawái se ha extralimitado, ha abarcado poderes reservados a la rama Ejecutiva y ha ‘socavado la seguridad nacional al demorar una acción necesaria, creando confusión y violando el respeto a la separación de poderes’.

La entrada en vigor del veto de Trump a finales de junio fue posible gracias a una decisión del Tribunal Supremo, que determinó que la medida podía implementarse de manera temporal hasta que los jueces estudien a fondo su legalidad durante una audiencia, probablemente en la primera semana de octubre.

En su decisión del 26 de junio, el alto tribunal dejó en manos del Ejecutivo definir las normas para la aplicación del veto.

Son, precisamente, la legalidad de esas normas lo que está ahora en cuestión y sobre lo que tendrá que decidir el Tribunal Supremo.