El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció hoy que hubo 2,559 ‘detenciones arbitrarias’ en Cuba durante los seis primeros meses del año, de las que 410 fueron en junio -237 de mujeres y 173 de hombres- y resaltó la existencia de un ‘creciente número de presos políticos’.

En un comunicado difundido en la capital de España, el observatorio aseguró también que las autoridades cubanas impidieron salir del país al menos a 65 activistas opositores que estaban invitados a reuniones internacionales en el primer semestre.

Las detenciones son ‘significativamente’ menores que en el mismo período de 2016, pero ‘siguen siendo escandalosas y los niveles represivos son iguales o mayores’, añadió esta entidad.

El descenso del número de detenciones no se debe a un cambio positivo en la voluntad política de las autoridades cubanas, interpretó el OCDH, sino al ‘cambio en sus mecanismos represivos’.

Tras las críticas internacionales, hace varios años el Gobierno cubano, según el comunicado, pasó de una estrategia de ‘encarcelamiento de mediana y larga duración’ a otra de ‘detenciones de corta duración’. Y ahora refuerza otras ‘tácticas represivas’.

Entre ellas, la organización de Derechos Humanos cita ‘presiones y agresiones directas a hijos y familiares de los activistas; la confiscación o robo de bienes personales o de medios de trabajo a integrantes de grupos de la sociedad civil’.

Igualmente menciona la ‘fabricación de delitos penales comunes para intimidar o encarcelar a opositores’ y la ‘prohibición e impedimento físico de la salida de los activistas de sus propias residencias’, así como de viajar al extranjero para participar en foros internacionales.

También se denuncia el incremento de campañas de ‘descrédito’ contra los principales activistas, de quienes se crean ‘falsos perfiles’ en las redes sociales, y de lo que se responsabiliza a ‘oficiales de inteligencia’ cubanos.

El ‘recrudecimiento de estos métodos represivos’ está siendo ‘documentado’ por observadores de esta entidad, según la nota de prensa, y han sido denunciado recientemente ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.