Lima, 8 ene (EFE).- El Gobierno de Perú publicó 112 decretos durante los tres meses de facultades legislativas otorgadas por el Congreso para dictar normas de reactivación económica y lucha anticorrupción, entre otras materias, y cuyo plazo concluyó este sábado, informó hoy la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

‘Tarea cumplida: 112 decretos legislativos para crecer, dar más seguridad, luchar contra corruptos y mejorar el acceso al agua. Pedimos facultades en los temas que necesitábamos para avanzar. Hoy nos sentimos con las herramientas necesarias para lograr un Perú mejor’, escribió el primer ministro, Fernando Zavala, en Twitter.

En materia económica destaca la rebaja del impuesto general a las ventas (IGV) del 18% al 17% a partir de julio si la recaudación de ese gravamen es del 7.2% del producto interior bruto (PIB) a finales de mayo.

El Gobierno creó en otra norma el Fondo de Adelanto Social (FAS), orientado a cerrar o cubrir brechas sociales en lugares donde se desarrollarán actividades económicas.

Para reducir la corrupción, el Ejecutivo del presidente Pedro Pablo Kuczynski aprobó la ‘muerte civil’ para los funcionarios condenados por delitos de corrupción, de manera que queden inhabilitados de manera vitalicia para ejercer cualquiera otra función pública.

También se aprobó la responsabilidad administrativa y penal de las empresas en casos de corrupción, se creó la Procuraduría General de la República y se sancionó con hasta ocho años de prisión a quienes sobornen a policías.

Otro decreto endureció las penas por agresiones y malos tratos a las mujeres y estableció penas mínimas de entre dos y cinco años de prisión para quienes causen lesiones leves y daños psíquicos y un mínimo de 25 años por asesinato de mujeres menores, ancianas, gestantes o víctimas de violación.

Esa misma ley establece un agravante para los delitos cometidos contra personas por motivos de orientación sexual e identidad de género y penaliza la discriminación e incitación a la discriminación por las mismas motivaciones, lo que fue muy valorado por varias ONG como Amnistía Internacional.

En otra norma se aprobó el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que contempla el internamiento en centros juveniles por un período de hasta diez años para los sicarios y los violadores adolescentes.

El Gobierno peruano también declaró en emergencia el sistema penitenciario por razones de ‘seguridad, salud, hacinamiento y deficiente infraestructura’, y aprobó usar grilletes electrónicos para reducir la concentración de presos, que alcanza los 81,000 internos en 69 prisiones cuya capacidad es de 31,000 reclusos.

Para mejorar el acceso al agua, se creó el programa Agua Más, destinado a mantener, reparar y asegurar la operatividad de los sistemas de agua potable en las comunidades rurales y aisladas de Perú, y cuya gestión estará a cargo del Fondo de Cooperación de Desarrollo Social (Foncodes).

La petrolera estatal Petroperú también fue objeto de otra norma que declaró de interés nacional la reorganización de la compañía para mejorar su gobierno corporativo, así como el funcionamiento del Oleoducto Nor Peruano (ONP), operado por Petroperú y paralizado desde hace casi un año por múltiples fugas de crudo en la Amazonía.

El Gobierno peruano también dictó otra norma para traspasar la organización de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 del Ministerio de Educación al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para agilizar las obras de las sedes que albergarán las competencias deportivas.