El distrito escolar de Los Ángeles acordó hoy pagar 88 millones de dólares a una treintena de alumnos que fueron víctimas de abusos sexuales en dos colegios de educación primaria por parte de profesores, según publicó el diario Los Angeles Times.

La compensación económica forma parte de un acuerdo extrajudicial entre las familias y el distrito escolar, al que los alumnos habían demandado por no haber tomado medidas contra el comportamiento de los dos profesores antes de que se produjesen sus respectivos arrestos.

El primero de los casos afecta a la escuela De la Torre de Wilmington, en Los Ángeles, donde las familias de hasta 18 niños demandaron al distrito por no haber actuado antes contra el profesor Robert Pimentel, contra quien se habían presentado quejas por mostrarse demasiado afectuoso con los menores desde 2002.

En concreto, un informe de una empleada del distrito escolar denunció ese año que Pimentel tocaba y daba palmadas en las nalgas y en las pantorrillas a las niñas pequeñas, algo que el propio maestro admitió y justificó alegando que se estaba medicando y que ello le provocaba un aumento de la actividad hormonal.

Pese a que en los años siguientes se sucedieron las acusaciones contra el profesor de origen hispano, este no fue detenido hasta 2013, posteriormente juzgado y condenado a 12 años de prisión por abusos.

El otro caso implica al profesor Paul Chapel III de la escuela primaria de Telfair, también en Los Ángeles, a quien no se investigó pese a haber sido despedido de una escuela anterior y haber sido juzgado al acusársele entonces de haber abusado de un menor, aunque fue hallado no culpable.

Otros maestros denunciaron durante años que Chapel sentaba a los estudiantes en su regazo, trataba de llevarlos fuera de la escuela en salidas no autorizadas y se encerraba con ellos en la clase durante las horas del almuerzo y el recreo.

Años más tarde, Chapel fue juzgado y condenado a 25 años de cárcel por abusar sexualmente de menores durante más de una década con actos como dar besos a los chicos en sus genitales.

‘Estamos contentos de haber podido resolver estos dos casos y evitado litigios dolorosos’, indicó uno de los abogados que representaban a las familias demandantes, Gregory McNair.