Ya han pasado ocho años, pero Amparo Andújar Maldonado no lo olvida. Perdió a su primer hijo cuando se aproximaba al quinto mes de embarazo.

Tampoco borra de su mente que parió a una criatura desfigurada, con malformación craneal, algo incomprensible para una mujer saludable de 27 años a quien no le faltaron doctores ni enfermeras.

Pero Amparo no fue la única. Entre los años 2005 al 2008, la tasa de abortos y nacimientos prematuros repuntó de forma súbita en el barrio Encantado de Arroyo Barril, un poblado rural y costero, de clase trabajadora, al norte de la República Dominicana. Una zona rica en tesoros naturales como la Bahía de Samaná, santuario mundial para las ballenas jorobadas.

La amiga de Amparo, Rosa María Andújar, también cayó en las estadísticas. Dio a luz un niño con los intestinos expuestos y seis dedos en manos y pies. La cría murió poco después de nacer, en julio de 2008.

Meses más tarde, otra vecina, Maribel Mercedes, dio a luz siameses que murieron en corto tiempo. Cinco criaturas también nacieron con onfalocele o intestinos expuestos, entre agosto y noviembre de ese año, en los vecinos barrios Los Róbalos, La Pascuala y el Gri-Gri. Solo uno de ellos sobrevivió.

Al preguntar a Andújar Maldonado qué explicación han dado las autoridades sanitarias a su aborto y a la inusual repetición de casos en la región, su respuesta es escueta. ‘Ninguna’.

La vivienda de Amparo ubica a menos de medio kilómetro del muelle y durante el embarazo acudía regularmente a la playa ‘a coger fresco’.

‘Yo creo que fue a causa de eso’, añadió.

Al decir ‘eso’ se refiere a las toneladas de cenizas de carbón que permanecieron abandonadas en el puerto Juan Pablo Duarte de Arroyo Barril durante casi cuatro años. Montículos con más de 27 mil toneladas de residuos grisáceos que llegaron desde la planta de carbón AES en Guayama, Puerto Rico, y que fueron descargados, a pasos de la costa, a la intemperie y sin un plan de manejo, a partir de octubre de 2003.

Desde el año 2002, la empresa AES ha generado entre 400 a 1,600 toneladas diarias de este desecho al producir la electricidad que vende a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y, mediante contrato con el gobierno, se comprometió a exportar el desperdicio para el que no encontrara un uso comercial.

Vecinos y exempleados del puerto dominicano reconocieron que una cantidad indeterminada de aquel material cenizo, identificado por los locales como ‘rockash’, fue a parar al mar. Cuando ocurría, era común toparse con bancos de peces muertos en el litoral.

‘Cuando el agua caía, los peces se morían’, aseguró Miguel Ángel Paredes Jiménez, quien fue Jefe de Seguridad en el muelle de Arroyo Barril en el año 2004.

Otra parte de las cenizas, afirmaron, fue arrastrada durante meses por la brisa costera hacia las comunidades cercanas, los terrenos agrícolas y hasta las montañas de la localidad.

Un análisis de muestras realizado por el Instituto de Química de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y divulgado en abril de 2004 certificó que los desechos traídos desde Puerto Rico estaban cargados de metales pesados. En específico, se identificaron niveles de arsénico, berilio, vanadio y cadmio que ‘muy por encima de los niveles establecidos por los estándares internacionales’, concluyó la Comisión Ambiental de la Academia de Ciencias de la República Dominicana.

Para el resto del reportaje y más material gráfico e interactivo, vea el Centro de Periodismo Investigativo.

La serie investigativa’Bomba de tiempo, las cenizas de carbón’ es resultado de una colaboración entre el Centro de Periodismo Investigativo y el periódico La Perla del Sur, mediante una beca especial de periodismo ambiental otorgada por Para la Naturaleza. En la segunda parte de la serie, indagamos acerca de qué ocurre en Puerto Rico, donde se acaba de legalizar la disposición estas cenizas tóxicas.