El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó hoy la petición de un grupo antiabortista que quería forzar al Gobierno a publicar información sobre una subvención de un millón de dólares concedida en 2011 al grupo de planificación familiar Planned Parenthood.

Los fondos fueron otorgados a la división en el norte de la región de Nueva Inglaterra de Planned Parenthood, una asociación sin ánimo de lucro que en los últimos meses se ha visto envuelta en una gran polémica sobre tejido fetal que llevó a los republicanos a tratar de dejar sin fondos a la organización.

‘La petición de revisión ha sido denegada’, determinaron la mayor parte de los nueve jueces del alto tribunal, la máxima instancia judicial de EEUU, en una breve notificación hecha pública hoy.

Con su decisión, los magistrados avalan la decisión de una corte de apelaciones, inmediatamente inferior al Supremo, que en febrero de este año ya había respaldado el derecho del Gobierno a no publicar algunas de las informaciones relativas a la financiación de Planned Parenthood.

El grupo antiabortista, ‘New Hampshire Right to Life’, quería que se hiciese público un documento sobre el funcionamiento interno de las clínicas de Planned Parenthood, que con más de 300,000 abortos al año es la organización que más procedimientos de este tipo practica en todo el país.

Para averiguar si Planned Parenthood había utilizado fondos federales para abortos, algo prohibido en EEUU, los demandantes se ampararon en la Ley de Libertad de Información (FOIA, por su sigla en inglés), por la que los ciudadanos pueden solicitar por la vía judicial la divulgación de documentos gubernamentales.

Dos de los jueces conservadores del Tribunal Supremo, Clarence Thomas y Antonin Scalia, se opusieron a la decisión de sus compañeros en un documento, en el que argumentaron que el Gobierno tenía la obligación de dar a conocer los acuerdos con Planned Parenthood debido al interés público del caso.

Si los jueces hubieran decidido revisar el caso, se habrían sumergido de lleno en la tormenta que durante los últimos meses ha golpeado al grupo de planificación familiar.

La polémica sobre Planned Parenthood surgió con cuatro vídeos, grabados con cámara oculta y editados por un grupo antiabortista, en los que miembros de la organización hablaban sobre la venta a investigadores médicos del tejido de los fetos abortados en sus clínicas.

Los republicanos acusaron a la organización de lucrarse con la venta de tejido fetal, algo ilegal en Estados

Unidos, y en agosto trataron de eliminar la porción federal de los más de 500 millones de dólares que el grupo recibe al año de fondos públicos, pero ese intento fracasó en el Senado.

Tampoco tuvieron éxito en septiembre los intentos de algunos republicanos, entre ellos el senador y precandidato presidencial Ted Cruz, de supeditar la aprobación del presupuesto del Gobierno para el nuevo año fiscal a la eliminación de los fondos para Planned Parenthood.