El Tribunal Supremo de EE.UU. permitió hoy lunes al exgobernador republicano de Virginia, Robert McDonnell, permanecer en libertad mientras los jueces evalúan un recurso contra la condena que recibió en enero pasado por recibir sobornos a cambio de favores políticos.

Esta decisión supone una inesperada victoria para McDonnell, el primer gobernador de Virginia en ser condenado por un delito y que de no ser por la decisión del Supremo tendría que haber ingresado de forma inmediata en una prisión federal para cumplir una pena de prisión de dos años y, después, dos años de libertad vigilada.

En una breve orden sin firmar por ninguno de sus nueve jueves, el alto tribunal determinó que McDonnell, de 61 años y gobernador de Virginia entre 2010 y 2014, podrá evitar la pena de cárcel mientras los magistrados deciden si aceptan o no un recurso presentado por sus abogados ante el Tribunal Supremo.

La decisión del Supremo responde a una petición de urgencia de los abogados de McDonnell, con la que consiguieron revertir la decisión de la Corte de Apelación del Cuarto Circuito, una de las instancias inmediatamente inferiores al Supremo, que el 20 de agosto negó al gobernador la posibilidad de permanecer en libertad.

Los letrados del republicano, que sonó como posible candidato a la Presidencia o la Vicepresidencia para las elecciones de 2016, argumentaron que el lento proceder del Supremo haría que el político cumpliera la condena de dos años en prisión antes de obtener una respuesta sobre su recurso.

En septiembre pasado, McDonnell y su esposa, Maureen McDonnell, fueron declarados culpables de aceptar regalos de lujo, ropa, viajes y hasta préstamos, por valor de unos 177,000 dólares, de un rico empresario de Richmond, llamado Jonnie Williams, a cambio de favores para sus compañías.

El juicio contra los McDonnell comenzó en julio y desde entonces 67 testigos circularon por una sala que analizó la relación entre la pareja política y Williams, propietario de la compañía de productos alimenticios Star Scientific.

Esa empresa consiguió acceso a altos funcionarios y a la mansión del gobernador para celebrar eventos promocionales de suplementos alimenticios no aprobados por la Administración para Alimentación y Fármacos de EE.UU. (FDA, por su sigla en inglés).

Su juicio generó una enorme atención mediática en EE.UU., similar a la que se produjo durante el proceso en 2012 contra el excandidato a la Vicepresidencia John Edwards, quien finalmente fue absuelto de varios cargos por presunto uso ilegal de fondos de campaña.