La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) fue autorizada en 2012 por el Gobierno del presidente Barack Obama, a realizar acciones de vigilancia dentro del país para combatir el pirateo informático sin necesidad de la pertinente orden judicial, reveló hoy The New York Times.

El diario, citando documentos filtrados por el exanalista de la CIA, Edward Snowden, dice que la NSA fue autorizada por el Departamento de Justicia a realizar esa vigilancia en direcciones de internet dentro de EE.UU. pero ligadas a gobiernos extranjeros.

Pero la NSA, según la información, buscó la posibilidad de ir más allá de estos vínculos y acceder a otras direcciones sospechosas de pirateo informático, aunque no estuviera demostrado que tenían nexos con gobiernos extranjeros.

Estas decisiones se mantuvieron ocultas a la opinión pública, recuerda el diario, y se suman a otras polémicas surgidas anteriormente por actuaciones anteriores de la NSA sobre el espionaje telefónico de líderes extranjeros.

De acuerdo con la información publicada hoy por el diario, en conjunto con el medio de comunicación digital ProPublica, las autorizaciones fueron dadas en medio de un ataque informático ‘sin precedentes’ a oficinas públicas y empresas privadas de EE.UU..

El Times sostiene que no quedó claro cómo podía elegir sus objetivos la NSA por los límites poco claros entre un gobierno extranjero y una organización criminal privada.

Los sistemas de la NSA fueron aprovechados por el FBI con el mismo propósito.

El periódico recuerda que la NSA se enfoca en la vigilancia de actividades extranjeras, no en labores de orden público, un campo en el que cabrían las funciones extendidas de la agencia de información a la hora de vigilar posibles ataques cibernéticos.

Todo ello sin orden judicial y por medio de autorizaciones hechas sin debate público, informa el periódico.

La información se conoce en medio de una creciente preocupación en Estados Unidos sobre los riesgos para los derechos públicos por los posibles excesos en la vigilancia de las autoridades de las actividades de sus ciudadanos.

La Ley Patriota, aprobada tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, fue modificada recientemente por el Congreso de Estados Unidos para limitar algunas de las prácticas que existían hasta ahora.