El Gobierno de EEUU aseguró hoy a la ONU que está actuando para cambiar las prácticas discriminatorias detectadas en sus estructuras policiales, con medidas como la prohibición de tener en cuenta raza, etnia, origen nacional u orientación sexual en sus acciones, rutinarias o espontáneas.

Así lo aseguro una delegación de alto nivel llegada de Washington para defender el informe de Estados Unidos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como parte del procedimiento conocido como Evaluación Periódica Universal.

Las autoridades han reforzado las instrucciones ‘para que los agentes policiales se abstengan de cualquier consideración de raza, etnia, origen nacional, sexo, identidad sexual, religión u orientación sexual en acciones rutinarias o espontáneas, a menos que el sospechoso responda a una descripción’, dijo el representante del Departamento de Justicia de EEUU, James Cadogan.

Ante casos de ‘uso excesivo de la fuerza que violan la Constitución de Estados Unidos, tenemos la autoridad para perseguir a los responsables’, aseguró.

Reconoció en su comparecencia que las muertes ocurridas en el pasado reciente en Carolina del Sur, Ohio, Nueva York, Misuri y, más últimamente, en Baltimore, han encendido nuevamente el debate sobre las prácticas policiales discriminatorias.

Sin embargo, aseguró que el Ministerio de Justicia no se ha quedado con los brazos cruzados y que en seis años se han abierto más de veinte casos que condujeron a la presentación de cargos contra 400 agentes de seguridad.

Cadogan recordó que en marzo de este año se hizo público el informe sobre la actuación del Departamento de Policía de Ferguson (Misuri), que determinó que allí ‘había surgido una patrón de discriminación racial’.

Esa investigación se ordenó a raíz de la muerte del joven negro Michael Brown a manos de un policía el pasado agosto.

El último caso corresponde al del también joven negro Freddie Gray, muerto cuando se encontraba bajo custodia policial en Baltimore.

El subprocurador general adjunto de EEUU, David Bitkower, se refirió a la cuestionada práctica de la pena de muerte en su país, para la que numerosos Estados que intervinieron en la evaluación de EEUU pidieron una moratoria.

Bitkower reconoció que ‘la sobrerrepresentación de minorías en el corredor de la muerte, en particular de afroamericanos, es un motivo de gran preocupación’.

Sostuvo que el Ministerio de Justicia estadounidense trabaja para ‘garantizar que la decisiones de pena de muerte a nivel federal no se basan, bajo ningún punto de vista, en cuestión de raza o de origen nacional’

Como aspecto positivo, destacó una ‘tendencia a la baja’ de las penas capitales.

Mencionó que el año pasado sólo tuvieron lugar en siete de los 32 estados del país que la aplican, con un total de 35 ejecuciones, ‘el número más bajo desde 1994’.

Varios países que intervinieron durante la evaluación de EEUU -con críticas y recomendaciones- pidieron a la Administración del presidente Barack Obama que se adhiera a una serie de convenciones internacionales que no ha suscrito, como la de derechos del niño o el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional.

Al evaluar la presentación de EEUU, la codirectora de la ONG Cold Case Justice Initiative, que defiende a las familias de víctimas de crímenes raciales, Janis McDonald, pidió la designación de un procurador independiente con autoridad federal que identifique e inicie procesos por los asesinatos de miembros de minorías a manos de agentes de seguridad.

Sostuvo que su entidad ha documentado más de 300 casos desde finales de la década de 1960, de los que la gran mayoría permanecen impunes.

A la sesión del Consejo de Derechos Humanos asistió el hermano de la joven Rekia Boyd, asesinada en marzo de 2012 en Chicago por un policía que el pasado abril fue declarado inocente por una corte, a pesar de que se determinó que la víctima en ningún momento fue una amenaza para el agente y que estaba desarmada.

Su hermano, Martinez Sutton, dijo en una rueda de prensa que viajó a Ginebra para intentar despertar conciencias en torno a ese tipo de asesinatos racistas, que -agregó- en los casos de mujeres tienden a encubrirse más que los de hombres.