La alta comisionada adjunta de Naciones Unidas para los derechos humanos, Flavia Pansieri, acusó hoy a ‘algunos Estados’ de contar ‘deliberadamente’ con legislaciones laxas respecto al control de los medios digitales, una situación que permite la violación del derecho a la privacidad de sus ciudadanos.

‘Algunos Estados no tienen una legislación adecuada (respecto a los medios digitales); cuentan con salvaguardas débiles; y no controlan correctamente. Todo ello contribuye a que haya una amplia impunidad para poder interferir ilegalmente en el derecho a la privacidad de las personas’, afirmó Pansieri.

La alta comisionada adjunta fue la encargada de abrir una discusión en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre ‘el derecho a la privacidad en la era digital’.

Pansieri recordó que durante esta sesión del Consejo, se presentará un informe elaborado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos en el que se examinan las legislaciones nacionales e internacionales existentes, decisiones judiciales y las respuestas ofrecidas por los Estados, ONG, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos a un cuestionario elaborado por su oficina.

El informe fue solicitado el pasado diciembre por la Asamblea General de la ONU tras denunciar que se necesitan salvaguardas para evitar el abuso de los programas de vigilancia.

El texto, titulado, precisamente, ‘El derecho a la privacidad en la era digital’ alerta de que las prácticas abusivas ‘son un hábito más que una medida excepcional’, y que en la mayoría de los países hay una falta de legislación nacional que controle estos procesos.

Pansieri alertó que cabe a los Estados demostrar que sus sistemas de vigilancia masiva no son ilegales y recordó que la privacidad es un derecho humano.

‘Las prácticas de vigilancia pueden tener un impacto real en los derechos humanos de las personas, incluyendo el derecho a la privacidad, y sus derechos a la libertad de expresión, de opinión, a la asamblea, a la vida de familia y a la salud.

La alta comisionada adjunta asumió que, en ciertas ocasiones, es necesario vigilar digitalmente para ayudar a una investigación criminal o de inteligencia, pero en esos casos, advirtió, aún debe ser más fácil poder demostrar la legalidad de los procesos.

Dicho esto, urgió a que se creen instituciones independientes de control para verificar que los países no infringen la ley.

‘La falta de control de las prácticas llevadas a cabo por los Estados ha contribuido a la impunidad y a intrusiones ilegales en el derecho a la privacidad.

Pansieri lamentó, asimismo, que se hayan usado sistemas de vigilancia digital para perseguir disidentes.

‘Información recolectada a través de sistemas ilegales ha sido usada contra disidentes. Hay también informes creíbles que sugieren que las tecnologías digitales han sido utilizadas para adquirir información que ha sido usada para torturar u otras formas de malos tratos’.

Con respecto al sector privado, Pansieri advirtió que cualquier colaboración con las autoridades que ‘contravenga la ley sobre derechos humanos implica un riesgo de complicidad con los eventuales abusos cometidos’.

Y recordó que la Guía de Principios sobre Negocios y Derechos Humanos establecida por el Consejo de Derechos Humanos en 2011 marca las directrices y el estándar que todas las compañías deberían implementar.