El Gobierno de Michelle Bachelet puso este martes punto final a HidroAysen, un megaproyecto electrico que contemplaba la construcción de cinco represas en la Patagonia chilena y que desde su genesis, hace ahora siete años, estuvo rodeado de una fuerte polemica.

El Comité de Ministros de Chile resolvió este martes por unanimidad rechazar el proyecto, que estaba a cargo del consorcio integrado por Endesa Chile y Colbún y preveía una inversión de 3,200 millones de dólares.

‘Éste es un proyecto que tiene muchos aspectos que están poco o insuficientemente pensados (…), el proyecto HidroAysén adolece de faltas importantes en su ejecución’, declaró a la prensa el ministro de Energía, Máximo Pacheco, al término de la reunión.

El comité formado por los ministros de Energía, Medio Ambiente, Minería, Agricultura, Salud y Economía tachó de ‘desconsiderada con las personas que allí viven’ esta iniciativa, que hubiera supuesto la inundación de 4,010 hectáreas en un área de gran valor ecológico para producir una media anual de 18,430 gigavatios por hora.

El Gobierno, no obstante, puntualizó que la decisión no afectará a la política energética diseñada para los próximos cuatro años, que busca diversificar las inversiones en el sector, reducir los costos y dar un rol más activo al Estado en la regulación y desarrollo de nuevas iniciativas.

Las reacciones a la decisión gubernamental, que algunos colectivos conservacionistas aguardaron la noche anterior con vigilias y concentraciones, fueron mayoritariamente a favor.

Autoridades, parlamentarios y ecologistas se congratularon por la paralización y recordaron que el movimiento en contra de HidroAysén comenzó a gestarse hace siete años.

Los ambientalistas destacaron que el Gobierno de Michelle Bachelet ‘cumpliera su palabra’, mientras que el ministro portavoz, Álvaro Elizalde, indicó que ‘lo importante es que con esta resolución se vuelve al cauce institucional que nunca debió perderse’.

‘Hoy celebramos el triunfo de todas las personas y organizaciones que han luchado durante estos siete años contra el nefasto proyecto de HidroAysén’, manifestaron este martes los representantes del Consejo de Defensa de la Patagonia, una ONG creada para oponerse a esta iniciativa.

‘La voz de las personas se ha impuesto y ha logrado sepultar el megaproyecto. Es una satisfacción enorme haber sido parte de este enorme triunfo ciudadano, que pertenece a todos los que estuvimos trabajando para impedir esas represas en la Patagonia’, dijo el director de Greenpeace Chile, Matías Asún.

El Comité de Ministros también invalidó los acuerdos adoptados el 30 de enero pasado por el Gobierno de Sebastián Piñera (marzo 2010-marzo 2014), los cuales solicitaban nuevos estudios sobre caudales y asentamientos humanos para pronunciarse sobre el controvertido proyecto.

En consecuencia, el Gobierno de Michelle Bachelet, quien durante su campaña electoral calificó HidroAysén de ‘inviable’, tomó en consideración los requerimientos de las comunidades que se oponían al megaproyecto.

El proyecto de HidroAysén había recibido 2,643 observaciones de 32 organizaciones, la mayoría de ellas grupos ambientalistas, aunque también encontró el rechazo de parlamentarios de la coalición que hoy gobierna.

Al acoger los recursos de reclamación, el Comité de Ministros también dejó sin efecto la resolución de calificación ambiental.

Una de las razones por las cuales el Ejecutivo adoptó esta decisión es ‘la inexistencia de un plan de relocalización como medida de compensación para un impacto significativo declarado por el propio titular de HidroAysén’, detalló el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier.

‘Tampoco existe una cuantificación adecuada de los impactos ambientales por efecto del cambio de la hidrología de los cursos alterados en el ecosistema acuático’, agregó.

‘Y también hay una inconsistencia respecto a la línea base declarada por el titular en la fauna terrestre, lo que no permite configurar ni cuantificar impactos ambientales y por ende tampoco establecer medidas de mitigación, reparación y compensación’, concluyó Badenier.

La paralización de las cinco centrales que se iban a construir en el cauce de los ríos Pascua y Baker puede recurrirse ante el Tercer Tribunal de Valdivia en un plazo de treinta días y posteriormente ante la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema.

Para la tarde de este martes, los ecologistas habían convocado una manifestación por las calles de Santiago para celebrar o protestar por la decisión del Gobierno, según fuese el caso.