El presidente del Senado dominicano, Reinaldo Pared Perez, negó hoy que una controvertida sentencia del Tribunal Constitucional (TC), considerada discriminatoria por sectores locales, busque ‘desnacionalizar’ a miles de haitianos residentes en el país.

El legislador dijo en Puerto Plata (norte) que la sentencia está tomada y que es ‘inapelable e irrevocable’, porque el propósito de la misma es regular el estatus de todos los inmigrantes que residen en territorio dominicano.

Pared Pérez recordó a los grupos que han hecho oposición a la sentencia, que el artículo 184 de la Constitución dominicana no da lugar a otra alternativa, porque el mismo establece que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y que, incluso, las mismas son precedentes vinculantes a todos los poderes del Estado dominicano.

Según el congresista y alto dirigente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ni el presidente de la República, ni tampoco el Poder Legislativo y el Judicial, no pueden hacer nada que vaya en dirección contraria a lo que establece esa disposición constitucional prevista en el artículo 184.

El presidente del Senado reveló que hay sectores empeñados en desatar una campaña en contra de la República Dominicana amparándose en una decisión constitucional.

Por igual, consideró que la decisión del TC es correcta y que tiene que contar con el apoyo de todos los poderes públicos, al reiterar que tiene como propósito regular la situación migratoria de los extranjeros que viven en suelo dominicano.

El senador denunció que sectores haitianos siempre han tenido el propósito de que el Estado dominicano otorgue la ciudadanía dominicana a una enorme cantidad de sus ciudadanos que han emigrado de manera ilegal a este país.

El Tribunal Constitucional dominicano dictaminó que los ciudadanos nacidos en el país hijos de ilegales no pueden ser considerados como dominicanos, lo que afecta directamente a centenares de miles de haitianos residentes en el país.

La decisión del Tribunal Constitucional ha levantado encendidas polémicas en República Dominicana, entre grupos que la respaldan y quienes las rechazan.

Además, ha tenido repercusiones foráneas como la de Amnistía Internacional, que pide la retractación de la medida porque, supuestamente, tiene ‘efectos discriminatorios’.

Sin embargo, sectores oficialistas y de otras índole en el país defienden la sentencia, tras considerar que la misma busca regular la situación de los extranjeros, al tiempo que defendieron la soberanía dominicana para implementar su política migratoria.