La comisión auspiciada por la ONU para investigar las violaciones de los derechos humanos en Siria ha constatado los ‘sustanciales avances militares’ logrados por los grupos armados de oposición en el norte y el centro del país.

En una actualización de sus pesquisas presentada hoy, la comisión señaló que en los últimos meses la guerra en Siria ha alcanzado ‘nuevos niveles de violencia y se ha extendido a nuevas regiones’, lo que ha dejado el país prácticamente partido en dos zonas.

La comisión indica que la oposición sigue dividida, pero que ‘la insurgencia ha madurado para convertirse en una fuerza capaz de cuestionar el control del Gobierno sobre el país y de atacar objetivos estratégicos, como explotaciones petroleras y aeropuertos’, señala el grupo de expertos.

‘Mientras que el Gobierno mantiene el control de las provincias del sur y de la costa, los grupos antigubernamentales armados lograron sustanciales avances militares en la regiones del centro y del norte y forzaron al Gobierno a ceder el control de numerosas localidades e intersecciones estratégicas’, añade el informe.

No obstante, el presidente de la comisión, el brasileño Paulo Sergio Pinheiro, consideró en rueda de prensa ‘poco realista y una idea que conduce a engaño’ pensar que el conflicto se puede solucionar por la vía militar en favor de alguna de las partes.

Pensar en estos términos solo conducirá a ‘más lucha y más guerra civil’, según Pinheiro, que subrayó que primero hay que ‘terminar con la violencia para poder pensar en el final del conflicto’.

La ex fiscal suiza Carla del Ponte, miembro de la comisión, coincidió en que hay que explorar la vía del diálogo como una salida posible, y valoró que la oposición haya expresado recientemente su disposición a dialogar con el Gobierno.

‘Sería un buen punto de partida’, dijo Del Ponte.

La principal novedad del nuevo informe es la constatación de que el equilibrio militar ha variado de manera significativa con el avance de los grupos opositores, que ‘han extendido su control en crecientes franjas de territorio y mantienen la lucha en las provincias del sur del país y en las zonas costeras’.

La comisión atribuye buena parte de los avances a que los grupos opositores ‘han mejorado su acceso al armamento’.

‘Aparte de los arsenales objeto de pillaje en cuarteles del ejército, han recibido armas y munición de fuentes externas que han entrado de contrabando por las fronteras de los países vecinos en cantidades significativas y de manera cada vez más regular’.

Esto se ha traducido en una escalada de violencia, con el uso de bombas de racimo y artillería pesada por parte de las fuerzas gubernamentales, cuya estrategia ha cambiado en los últimos meses para garantizar que se mantiene el control de las grandes ciudades.

La comisión considera que el régimen de Bachar al Asad ha optado por concentrar sus fuerzas para hacer frente a los rebeldes y por asediar ciudades bajo control de los grupos de oposición con ‘anillos de seguridad’ a su alrededor.

Sobre las informaciones en los últimos meses acerca de la utilización de armas químicas, el documento señala que ‘no hay pruebas creíbles’ de que haya sido puesto en práctica, ni por parte de las fuerzas gubernamentales, ni por parte de la oposición.

A modo de resumen, la comisión destaca que las graves violaciones de los derechos humanos que sufre el pueblo sirio desde el inicio del conflicto hace casi dos años no solo han continuado, sino que se han agravado, con crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Tanto el Gobierno como la oposición cometen ‘asesinatos, torturas, violaciones, desapariciones forzadas y otros actos inhumanos’, y utilizan a menores como soldados.

La comisión volvió a hacer un llamamiento a la comunidad internacional a que se comprometa en la búsqueda de una solución y en la garantía de que los responsables de violaciones de los derechos humanos responderán ante la justicia

Del Ponte dijo ante los medios de comunicación que ‘ha llegado la hora’ de que el Consejo de Seguridad de la ONU, donde hasta ahora Rusia y China han vetado incrementar la presión contra Damasco, remita el caso a la Corte Penal Internacional (CPI).