SÍDNEY – El grupo ecologista Sea Shepherd ultima los preparativos para emprender en las aguas de la Antártida una de las más intensas campañas de acoso a los balleneros japoneses con el fin de arruinar la temporada de caza de cetáceos.

Los barcos de la organización ‘Bob Barker’, ‘Steve Irwin’ y ‘Brigitte Bardot’ zarparán la próxima semana desde Australia con la misión de impedir que la flota nipona capture unas 900 ballenas para supuestos ‘fines científicos’.

El objetivo final del grupo es obligar a Japón a suspender la temporada anual de caza de ballenas y repetir así el éxito que logró en febrero pasado con sus acciones, entre estas los abordajes, el lanzamiento de bombas pestilentes o el encadenamientos de activistas al casco de los balleneros.

Esta será la octava campaña de Sea Shepherd que se vislumbra como una de las más extremas de las realizadas hasta ahora y a la que ha denominada ‘Operación Viento Divino’,como la de los ‘kamikaze’ o pilotos suicidas nipones durante la Segunda Guerra Mundial.

Varios activistas manifestaron recientemente que están dispuestos a arriesgar su vida en defensa de los cetáceos, pero el capitán del ‘Bob Barker’, Alex Cornelissen, aseguró a Efe que ‘esto no significa actuar de forma estúpida y arriesgar innecesariamente la seguridad de las personas’.

Cornelissen señaló que ‘en todos estos años que hemos realizado campañas nunca nadie ha resultado herido’, pero admitió que este año los enfrentamientos pueden ser ‘potencialmente violentos’ debido a que los buques de la flota japonesa han reforzado la seguridad.

Para esta temporada en la Antártida, Japón ha destinado unos 29 millones de dólares (22 millones de euros) adicionales a las medidas de protección de sus tres barcos comandados por el Yushin Maru, y que partieron hacia el sur el martes pasado junto a varios guardacostas.

Diversas organizaciones ecologistas internacionales denunciaron que este dinero procede del fondo de reconstrucción por el terremoto y tsunami que afectó a Japón el 11 de marzo.

Las autoridades niponas justificaron el uso de estos fondos en la campaña de caza con el argumento de que muchas comunidades pesqueras fueron destruidas, una versión que no convence a los detractores que consideran que el dinero debe utilizarse para atender a las personas damnificadas en ve de destinarlo a matar ballenas.

Australia, que el año pasado interpuso una demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra la caza japonesa de ballenas por considerar que persigue fines comerciales y no científicos, se negó, sin embargo, a enviar barcos para proteger a los activistas.

El ministro australiano de Medio Ambiente, Tony Burke, aseguró que su país, que tiene a Japón como uno de sus principales socios comerciales, ha hecho esfuerzos para que la demanda prospere, pero matizó que ‘desafortunadamente, como toda acción legal, se demora más de lo que uno quiere’.

En Latinoamérica, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, miembros de la Comisión Ballenera Internacional, también pidieron a Tokio que ponga fin a la caza de ballenas.

Cornelissen elogió la iniciativa del llamado Grupo de Buenos Aires y confió en que Chile adopte las medidas necesarias contra la flota ballenera si entra en sus aguas territoriales antárticas.

‘Esperamos que (los balleneros japoneses) cometan un error para que países como Chile los detengan’, añadió el capitán.

La caza comercial de ballenas está prohibida desde 1986, pero diversas excepciones han permitido a países como Japón, Islandia y Noruega continuar con las capturas.

En Japón, que retomó en 1987 la caza de ballenas alegando motivos científicos y desde entonces fija de forma unilateral una cuota anual de unos mil ejemplares anuales, el consumo de la carne de estos mamíferos se ha reducido en los restaurantes nipones en los últimos años.