BUENOS AIRES – Siete represores de la dictadura militar (1976-1983) serán sometidos a juicio oral y público a partir del próximo jueves imputados de detenciones ilegales y torturas a dos gremialistas en el municipalidad de Viedma, en la provincia de Río Negro, a 970 kilómetros al sur de esta capital argentina.

El proceso, enmarcado en la determinación del gobierno constitucional de cerrar las heridas dejadas por el denominado por los militares ‘Proceso de Reorganización Nacional’, pretende llevar a prisión a los torturadores de los dirigentes sindicales Daniel Orlando Avalos y Carlos Apolinario Lima, del gremio de la construcción de Sierra Grande, quienes en 1975 fueron protagonistas de una prolongada huelga en las obras del complejo minero de Hipasam.

Según la instrucción de la causa, realizada por la Secretaría Penal del Juzgado Federal de Viedma, los dos hombres fueron detenidos por efectivos policiales en esa localidad el 5 de abril de 1976 y conducidos a Viedma, la capital provincial.

Los sindicalistas permanecieron detenidos clandestinamente en un calabozo de la comisaría primera y en un subsuelo de la escuela de cadetes de la Policía, en las afueras de la ciudad, donde fueron torturados hasta que el 22 de junio de 1976 recuperaron la libertad.

Ambos mostraban diversas secuelas físicas y emocionales a raíz de los tormentos.

Lima, que había perdido la audición en uno de sus oídos, falleció de un ataque cardíaco en abril de 2010 en su domicilio de Plottier, en la provincia de Neuquén, en la Región Patagónica de Argentina.

En la causa están imputados los coroneles retirados Néstor Rubén Castelli y Raúl Lucio Pedernera, quienes en 1976 ocupaban la intervención militar de la Gobernación y la jefatura de la Policía provincial, respectivamente.

También serán procesados Alberto Marasco, entonces director de la escuela de Cadetes; Víctor Lobos, antiguo jefe de la comisaría de Sierra Grande; y Rubén Codina, a la sazón subjefe de la misma unidad policial.

Completan la lista de acusados los ex suboficiales policiales Sixto Navarrete y su hijo Elfio, quienes pertenecían al cuerpo de Infantería.

El gobernador provincial de Río Negro, Miguel Saiz, que era apoderado legal del gremio de la construcción cuando ocurrieron los hechos, forma parte de la lista de 45 testigos citados por la fiscalía y la defensa, confirmó la agencia pública Télam.