Se insertó la prohibición a entidades extranjeras canalizar donativos o gastos a través de los miembros de sus juntas de directores, ejecutivos, gerentes, socios gestores o subsidiarias corporativas, resolviendo una preocupación de la Oficina de la Contralora.

La Cámara de Representantes avaló ayer, sin enmiendas mayores y de manera unánime el proyecto de ley que prohibiría la influencia económica de personas jurídicas extranjeras en el financiamiento de campañas políticas celebradas en Puerto Rico.

El cuerpo legislativo dio paso al Proyecto del Senado 920 en los trabajos de la sesión ordinaria luego de que el presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Parés Otero, presentó un informe positivo recomendando su aprobación con la versión final enviada por el Senado de Puerto Rico.

“El Proyecto del Senado 920 reconoce la imperante necesidad de garantizar que el proceso electoral quede libre de toda influencia corporativa extranjera que pueda atentar contra nuestro sistema democrático y distorsionar la voluntad de los electores”, pronunció Parés Otero en el análisis del proyecto.

La medida de administración propone enmendar la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas (Ley 222-2011) para impedir que personas extranjeras puedan realizar donativos, organizarse como un comité de acción política, constituir comités de fondos segregados o efectuar gastos independientes dirigidos a participar en el financiamiento de campañas locales.

La pieza legislativa tomó enmiendas técnicas en sala para modificar el lenguaje y, durante su trámite en el Senado, obtuvo cambios para adoptar las recomendaciones que hicieron las dependencias gubernamentales orientadas a fortalecer la normativa frente a estrategias corporativas.

De igual forma, se insertó la prohibición a entidades extranjeras canalizar donativos o gastos a través de los miembros de sus juntas de directores, ejecutivos, gerentes, socios gestores o subsidiarias corporativas, resolviendo la preocupación de la Oficina de la Contralora sobre el uso de filiales locales en un ámbito comercial dinámico.

Según el informe del proyecto, el texto legislativo no acogió propuestas del Partido Proyecto Dignidad para crear excepciones que permitan aportaciones políticas a residentes permanentes.

El representante Parés Otero aclaró que la medida senatorial es equivalente al Proyecto de la Camara 1022, por lo que la Comisión de Gobierno evaluó e incorporó en el informe las críticas y sugerencias plasmadas en los memoriales explicativos de ambas legislaciones.

De otra parte, el pleno avaló el Proyecto de la Cámara 320 para destinar al Fideicomiso para el Retiro de la Policía una aportación de $3.00 provenientes de los fondos recaudados en los certificados de historial delictivo de proveedores a niños, personas con impedimentos y profesionales de la salud.

El cuerpo legislativo también respaldó el Proyecto de la Cámara 348, de la representante Sol Higgins Cuadrado, para disponer en el Código de Seguros de Salud de Puerto Rico que la responsabilidad de la coordinación de beneficios es compartida entre las aseguradoras, sus intermediarios y los proveedores participantes.

La medida enmendaría la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente a los fines de proveer alternativas para que el paciente, asegurado o consumidor pueda presentar querellas administrativas.

Igualmente fue aprobado el Proyecto de la Cámara 932, presentado por la representante Yashira Lebrón Rodríguez, para revisar en la Ley de Préstamos Personales Pequeños el requisito de activos mínimos que se le requiere a todo concesionario que otorga préstamos de cuantías bajas.

La Cámara de Representantes reanudará los trabajos de la sesión legislativa el próximo jueves a las 11:00 de la mañana.