El Comité Olímpico de Puerto Rico y el Departamento de Recreación y Deportes lo endosan, pero la Asociación de Educación Privada no.

La proliferación de becas deportivas dirigidas a menores de edad ha sido la génesis de preocupaciones por posibles prácticas de explotación.

La Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de Representantes pretende atenderlas por medio de la “Ley de Protección y Transparencia en el Otorgamiento de Becas Deportivas a Menores de Edad” (P de la C 1053).

Durante una vista pública, el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), así como el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) endosaron el proyecto y, a su vez, ofrecieron unas recomendaciones para mejorarlo.

La Asociación de Educación Privada, sin embargo, se opuso por entender que los escuelas y colegios son regidas por la Ley 212 y reguladas por el Departamento de Estado.  

En la exposición de motivos del P de la C 1053, se detalla que uno de los fines del proyecto es establecer los requisitos mínimos en los contratos de becas deportivas ofrecidos por instituciones privadas, clubes, academias y agentes de menores en Puerto Rico.

Sara Rosario, en representación del Copur, expresó que favorece la iniciativa de la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara, pero también ofreció nuevas recomendaciones que, a su juicio, podrían “enriquecer” el proyecto.

“Sin una supervisión activa, el joven corre el riesgo de convertirse en un activo transaccional, cuya valía depende exclusivamente de un cronómetro o una victoria”, sostuvo Rosario.

Entre las sugerencias del Copur, está que se debe “evitar que las becas deportivas prioricen el entrenamiento sobre los estudios, olvidando que la carrera deportiva es, por naturaleza, finita y vulnerable a lesiones”.

Rosario, asimismo, sostuvo que los contratos deberían contener una cláusula de culminación con causas justificadas como bajo rendimiento académico o falta ética, así como las consecuencias económicas, si aplican.

El DRD, por su parte, enfatizó que la medida legislativa sería una protección contra la explotación ya que se establece una barrera legal contra las cláusulas que obligan a menores a ceder porcentajes de ingresos futuros de por vida o de forma leonina.

Uno de los dilemas que enfrentaría el DRD es qué entidad estaría a cargo de la redacción de los contratos y cómo se atendería una controversia.

Entre otras cosas, el proyecto define qué es una beca, la información que debe incluir un contrato de este tipo como qué gastos va a cubrir, los criterios objetivos para retenerla o perderla y su duración. Además, dispone que ningún atleta perderá el beneficio por rendimiento académico sin primero tener la oportunidad de cumplir con un plan de mejoramiento.

Igualmente prohíbe la cancelación de una beca deportiva cuando el menor sufra una lesión física ocurrida durante los entrenamientos, juegos o traslados oficiales o dispone que no se podrá condicionar una beca deportiva a que el atleta participe de una categoría superior a la que le corresponde por su edad. Esta última prohibición tiene una excepción si se demuestra lo que se conoce como «talento excepcional» y el proyecto define los pasos a seguir.

Colegios privados se oponen

Emma Sulsona Gándara, quien preside la Asociación de Educación Privada, insistió que los acuerdos de becas deben continuar entre los padres y la institución que las ofrece. Asimismo, dijo que existen múltiples alternativas para que los padres denuncien posibles prácticas que van en contra de los mejores intereses de los menores.

“Nos oponemos al proyecto”, respondió Sulsona Gándara a preguntas del representante Luis Jiménez Torres, quien preside la Comisión Recreación y Deportes de la Cámara.

“Favorecemos el libre mercado. Si el papá entiende que le beneficia, lo acepta de manera libre. Defendemos la filosofía de cada institución”, agregó.

Sulsona destacó que la Asociación no ha recibido querellas sobre posibles prácticas que vayan en contra de un estudiante-atleta.

“Si un padre tiene una querella, hay múltiples foros al que puede ir para denunciar maltrato institucional. Puede ir al Departamento de la Familia. Traspasar ese poder al DRD que no necesariamente tiene el personal, que tendría que contar con los abogados y un espacio para una mediación, sería traspasar algo que ya tenemos por medio de le Ley 212 que reconoce que son empresas privadas única con acuerdos contractuales privadas”, recalcó.

José “Cony” Varela, del Partido Popular Democrático (PPD), recalcó que las escuelas privadas con las instituciones con los recursos económicos para ofrecer becas deportivas y educativas. Cualquier ley aprobada para regular las prácticas sin incluir los colegios privados tendría poco efecto dado que el sistema público carece de los recursos.