CRIM, OGP y la Asociación de Alcaldes objetaron la medida que daría una exención a las PYMES.

El director ejecutivo interino del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Javier García Cintrón, mostró reservas durante una vista de la Cámara de Representantes sobre el Proyecto del Senado 11, que enmienda el “Código Municipal de Puerto Rico” para establecer una exención de pago de las contribuciones sobre bienes muebles dirigida a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) con facturación de menos de tres millones de dólares.

La iniciativa “tiene el efecto de limitar la capacidad de la entidad y de los municipios de fiscalizar la actividad económica de cada municipio”, dijo durante una vista de la Comisión de Asuntos Municipales el viernes.

El funcionario añadió que el “CRIM no puede endosar esta medida porque sería otro golpe a los ingresos municipales. De igual forma, se está trabajando en un proyecto de fijar la valoración del renglón por concepto de inventarios que puede atender la situación que se pretende implementar con esta medida. Concederle este tipo de exención implica segmentar y podría provocar que otras industrias soliciten el mismo beneficio”.

García Cintrón indicó que a pesar de que favorece que se busquen alternativas para simplificar el proceso administrativo para los pequeños y medianos empresarios, y fomentar la actividad económica y comercial en la Isla, hizo claro que debe darse “salvaguardando los recursos fiscales de los municipios tan necesarios para atender las necesidades de las personas en las comunidades de Puerto Rico”.

Por su parte, Elvin Rosado Morales, director asociado de Gerencia Municipal dentro de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), se unió a las reservas del CRIM a la pieza, dando deferencia al Comité de Impuesto al Inventario, presidido por la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, que discute en la actualidad el desarrollo de iniciativas para la valoración del mencionado impuesto junto a la Federación y Asociación de Alcaldes, junto a las organizaciones que representan a los comerciantes en Puerto Rico.

“Consideramos que dicho comité debe poder evaluar esta pieza legislativa desde una perspectiva más amplia, ya que fue creado para ello. Entendemos prudente esperar por los comentarios y recomendaciones del referido comité y ver cómo ellos piensan que esta medida empata con las razones para el cual fue organizado dicho comité”, opinó Rosado Morales.

No obstante, de un análisis de la medida desde el punto de vista de gerencia gubernamental y manejo fiscal integral, Rosado Morales apuntó que es necesario considerar que “la medida de su faz tiende a debilitar la base contributiva municipal”.

Mencionó que, mediante un análisis realizado por la agencia, tomando como base documentos provenientes del CRIM, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), concluyeron que el potencial impacto de la medida, se podría calcular en alrededor de 89 millones de dólares.

Además, planteó que la medida adolece de fuente de repago o fuentes de financiamiento alternas que cumplan con el principio de neutralidad fiscal requerido por el Plan Fiscal impuesto por la JSF.

A estas advertencias se unió Verónica Rodriguez Irizarry, directora ejecutiva de la Asociación de Alcaldes, quien apuntó que esta iniciativa se uniría a acciones que se han tomado en años recientes, las cuales han mermado los ingresos municipales tales como la reducción del Fondo de Equiparación, el pago del “Pay to Go” y la Reforma de Salud, así como las responsabilidades delegadas por el gobierno central.

Rodríguez Irizarry citó la disposición del Código Municipal el cual establece que se debe identificar y asignar recursos que podrán utilizar los municipios afectados con la aprobación de este tipo de medida.

“Esta disposición del Código Municipal no se contempla en el proyecto”, afirmó la directiva.

El presidente de la comisión, Luis Pérez Ortiz, manifestó que el cuerpo seguirá el trámite ordinario de la medida, dando espacio al Comité multisectorial que estudia la congelación del impuesto al inventario y medidas afines a que presenten las iniciativas que entiendan puedan atender todos los intereses envueltos.