La discusión se llevó a cabo gracias a la Resolución de la Cámara 400 que presentaron varios representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La simple idea de que Puerto Rico cuente con sistemas nucleares para producir energía provocó un rotundo rechazo entre organizaciones defensoras del ambiente, así como de profesionales en la materia en una vista pública que se llevó a cabo en la Cámara de Representantes. 

Todo comenzó desde que el representante penepé, Gabriel Rodríguez Aguiló, Carlos J. Méndez, Angel Morey Noble y Wilson Román, radicaron la Resolución de la Cámara 400 el pasado 18 de agosto para conocer si hay una viabilidad para establecer plantas nucleares en la Isla. 

Según la exposición de motivos de la medida, desde el paso del huracán María en el 2019, el sistema de energía eléctrica en Puerto Rico colapsó y todavía están en proceso de que se reconstruya la infraestructura. 

Ante el panorama, de la resolución reza que “los sistemas nucleares de producción de energía cuentan con medidas de seguridad y operación en lo que se ha integrado la nueva tecnología. Entendemos que en la coyuntura en que nos encontramos, se debe auscultar si las nuevas medidas de seguridad hacen viable que en la Isla se establezca una planta nuclear para la producción de energía”.

Sin embargo, la historia evidencia dos sucesos trascendentales que provocaron la muerte de cientos de personas a causa de plantas nucleares. La primera fue la planta nuclear de Chernóbil, Ucrania cuando explotó en el 1986.

Fueron millones de dispositivos reactivos que desencadenaron en cáncer de tiroides y muertes. 

La segunda planta fue la de Fukushima- Daiichi en el 2011 cuando ocurrió un terremoto, seguido de un tsunami en la costa de Japón. Fue gracias al tsunami que se inundó la central nuclear, provocando explosiones de hidrógeno que liberaron material radiactivo al ambiente. 

La organización Ciudadanos en Defensa del Ambiente (CEDDA) insistió en una vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico que preside el representante Joel Franqui Atiles, que la implementación de plantas nucleares en la Isla, provocaría riesgos inevitables y vulnerabilidad geográfica. 

Recalcó además que Puerto Rico “no cuenta con infraestructura ni conocimiento para el manejo y almacenamiento de desechos nucleares, lo que aumentaría el riesgo de contaminación ambiental y afectación a la salud pública”.

También, insistió en que la R de la C 400 solo es una desviación de los esfuerzos hacia la energía renovable. 

“Puerto Rico debe centrar sus políticas energéticas en la investigación, inversión y desarrollo de fuentes renovables, como vía segura y sostenible para garantizar su independencia energética, la protección ambiental y el bienestar de sus ciudadanos”, puntualizó CEDDA.

Por su parte, Lionel Orama Exclusa, catedrático de ingeniería eléctrica del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, respaldó a la CEDDA insistiendo que la “política energética de Puerto Rico tiene que ser respetada y respaldada. Tenemos la responsabilidad de continuar implementando, lo más aceleradamente posible, dicha política energética para lograr el 100% de energía con fuentes renovables endógenas para el 2050”. 

La R de la C 400 va en contra de la Ley 17-2019, donde incluso se establece las metas para alcanzar un 100% de energía renovable de aquí a los próximos 25 años en Puerto Rico.

Sin embargo, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores (CIAPR), aseguró que combinar la energía nuclear con fuentes renovables, fortalecería la estabilidad del sistema eléctrico y mitigaría los apagones.

“La energía nuclear, particularmente los reactores modulares pequeños (SMR, en inglés) y las centrales nucleares flotantes, deben ser consideradas en el horizonte de la planificación energética de Puerto Rico a mediano y largo plazo. Su inclusión aportaría bajas emisiones, resiliencia y confiabilidad”, indicó el agrimensor Carlos Fournier, presidente del CIAPR.

Por su parte, en el tema relacionado a las amenazas a la salud, el Colegio de Médicos Cirujanos (CMCPR) comentó que inevitablemente más trabajadores y residentes cercanos a estas plantas nucleares estarán expuestos a niveles bajos de radiación ionizante.

Fue el doctor Obed García, presidente del Comité de Salud Pública y Ambiental del CMCPR, quien también testificó que cerrar todas las plantas de energía nuclear en los Estados Unidos resultaría en un período de 20 años con 18,000 muertes infantiles menos y 6,000 casos menos de cáncer infantil.

“La exposición crónica a bajas dosis de radiación es más dañina que la exposición a una sola dosis mediana o alta dosis de radiación”, dijo el galeno. “La evidencia científica indica que no hay un umbral seguro en el que el cuerpo humano pueda tolerar un nivel bajo de radiación producida por los reactores nucleares”, concluyó.

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