En el informe que fue presentado por el presidente de la Comisión, el senador Juan Oscar Morales, envió a la “Abogada Motorizada” a tratamiento sicológico para el manejo de sus emociones.

El cierre de sesión legislativa en el Senado culminó en la noche del martes con una multa de $2,000 para la senadora penepé, Roxanna Soto Aguilú, quién llevaba meses bajo la evaluación de la Comisión de Ética por unas recientes actuaciones inapropiadas. 

Las recomendaciones iniciales establecían una multa de $5,000.

En el informe que fue presentado en medio de la sesión ordinaria del Alto Cuerpo por el presidente de la Comisión, el senador Juan Oscar Morales, también envía a la “Abogada Motorizada” a tratamiento sicológico para el manejo de sus emociones y deberá presentar evidencia de sus tratamientos ante el Senado.

“Esta querella surge por parte de varios empleados de la oficina de la compañera Soto Aguilú, donde ellos hicieron unas alegaciones por alegado por trato hostil, palabras soeces, palabras humillantes, menosprecio, entre otros por parte de la senadora”, leyó Morales del propio informe.

Según la querella, la senadora utilizaba palabras soeces para tratar a sus empleados, gritos y trato hostil en la oficina, así como surge de la investigación, hablaba despectivamente de sus compañeros senadores. También se desprende del informe que la senadora les prohibía a sus empleados visitar las oficinas de la presidencia del Senado y si lo hacían eran acusados de “desleales y traidores”. 

“La determinación de la Comisión con relación a esos hallazgos que encontramos, es que definitivamente esto creó un ambiente hostil que afectó de manera sustancial el desempeño de los querellantes. Esto no se puede catalogar como un accidente aislado como pretende hacer ver la querellada…», insistió Morales.

La querella 2025-01 también expone que Soto Aguilú incurrió en intimidación y amenazas de despido. Les refería actividades para trabajar en poco tiempo y mencionaba que “las cabezas van a rodar” si la tarea no se entregaba en el tiempo que ella determinaba, según relató el presidente de la Comisión de Ética. 

“La mayoría de los miembros de la Comisión de Ética concluyeron que existieron situaciones incompatibles con la dignidad del cargo, por tanto, se recomienda al pleno del Senado la imposición de sanciones proporcionales a la gravedad de la falta», comentó. 

Luego de que se presentó el informe, la senadora no deseó hacer expresiones al Cuerpo porque reiteró que “yo participé del proceso por escrito, yo sostengo que no acosé a nadie, yo sostengo que obré con los marcos de ley. No estoy de acuerdo con los hallazgos”.

Aprobación de medida que enmienda la Ley de Transparencia

El Senado cerró sus trabajos a las 7:00 de la noche, «Sine Die», con la aprobación del controversial proyecto de ley que enmienda la Ley 141, más conocida como la “Ley de Transparencia”.

El Proyecto del Senado 63 había sido enviado a un comité de conferencias, por lo que, regresó a la consideración del pleno el último día de sesión legislativa. 

Con 19 votos a favor y siete votos en contra, la medida legislativa estará ahora en manos de la gobernadora, Jenniffer González Colón para convertirla en ley.

El Proyecto del Senado 63 (PS 63), de la autoría del líder senatorial, Thomas Rivera Schatz, enmienda la Ley 141-2019 de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, introduce cambios que —según sus críticos— entorpecen el derecho ciudadano a fiscalizar la gestión pública y representan un retroceso significativo en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Confirman nombramientos 

El Alto Cuerpo también le confirmó a la primera mandataria cuatro nombramientos. Estos son:

• La licenciada Jessica ñeco Morales, como presidenta de la Comisión de Practicaje de Puerto Rico.
• Julio A. Cabral Corrada como miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico 
• Javier J. Bustillo González como miembro de la Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de Ponce en calidad de residente bonafide de la región sur. 
• Fernando J. Rodríguez Quiñones como miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de Puerto de Ponce.