La medida busca transparencia, eficiencia y mejores políticas públicas en la lucha contra la violencia de género.

En momentos en que en la Isla se han registrado cerca de medio centenar de feminicidios, el Senado de Puerto Rico dio un paso significativo en la lucha contra la violencia de género con la aprobación del Proyecto del Senado 537, presentado por la senadora Roxanna Soto Aguilú. 

La medida establece la “Ley para el Establecimiento del Sistema Unificado de Reportes de Incidentes de Violencia de Género en Puerto Rico” y ordena la creación de una plataforma digital interagencial, que será administrada por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.

El propósito principal de este sistema es recopilar y analizar datos provenientes de diversas entidades como la Policía, el Departamento de Justicia, el Departamento de la Familia, el Departamento de Salud, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y el Poder Judicial. De esta manera, se busca diseñar y aplicar políticas públicas más eficaces y basadas en evidencia que permitan combatir la violencia de género en la isla.

Según explicó la senadora Soto Aguilú, el proyecto enfatiza la importancia de mantener la confidencialidad de los ciudadanos durante el intercambio de datos estadísticos sobre delitos violentos relacionados con género. 

“Este proyecto está proponiendo que, dentro del ejercicio de compartir datos estadísticos sobre delitos violentos en materia de género, se pueda tomar en consideración y se va a conservar la confidencialidad de los ciudadanos. Se le va a permitir visibilidad a todos los componentes que comparten datos para hacer incluso sus propios informes estratégicos y planes anuales de trabajo. Le va a garantizar al pueblo de Puerto Rico, mediante el portal público del Instituto de Estadística de Puerto Rico, transparencia sobre los datos en tiempo real”, explicó Soto Aguilú.

La aprobación del PS 537 se dio tras un intenso debate entre la proponente y los senadores José Luis Dalmau Santiago y Ángel Toledo.

Esto, luego de que Dalmau Santiago insistiera en que cuatro agencias realizan la misma función y denuncian la necesidad de fondos para su sostenibilidad.

“Donde es más grave es la vigencia de la ley, que, de ser aprobada hoy, no entrará en vigor hasta que el Instituto de Estadísticas certifique por escrito a la gobernadora que el Departamento de Hacienda identificó fondos provenientes de asignaciones legislativas de los fondos federales, Departamento de la Familia, así como asistencia técnica y que cuenta con los recursos económicos y humanos para su ejecución”, enfatizó.

Durante su turno, indicó que, aunque se apoyará la medida, su ejecución será incierta. 

“Las intenciones, extraordinarias… Se va a votar a favor de la medida. ¿pero se va a ejecutar?, sabrá Dios cuando”, agregó.

Por su parte, Toledo señaló que el proyecto pasó por el análisis y recibió memoriales explicativos por parte de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, Instituto de Estadísticas, Administración de Tribunales, Oficina del Contralor, Departamento de la Familia y la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) y un análisis de impacto fiscal municipal.

“En la mañana un informe nos llevó a analizar el memorial explicativo del Instituto de Estadística de Puerto Rico que escribe textualmente que ‘apoyan’ el P.S. 537.  Una medida que, según la OPAL, no tiene ningún impacto presupuestario, porque el propio instituto ha creado una plataforma que puede integrar los datos de las distintas agencias. Corresponde a cada senador considerar con los datos de frente, si le vota a favor o en contra», destacó.

Mientras que Soto Aguilú defendió su propuesta alegando que busca soluciones integrales y coordinadas para enfrentar la violencia de género en Puerto Rico. Además de fortalecer la capacidad de respuesta de las agencias, mejorar la rendición de cuentas y aportar herramientas fundamentales para la prevención y atención de las víctimas.

“Si ahora mismo agarran sus teléfonos, busquen en tiempo real el cuadre de estadísticas, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, en el Departamento de la Familia… vamos a ver si lo que miden en estadísticas es similar. Lo que se está pidiendo es tener visibilidad sobre la radiografía de violencia en Puerto Rico, que mejor que contar con un portal unificado de estadísticas”. 

Legislan a favor de la protección de arrecifes

Durante la sesión, también de la autoría de Soto Aguilú, se aprobó el Proyecto del Senado 551, que fortalece la “Ley para la Protección, Conservación y Manejo de los Arrecifes de Coral en Puerto Rico”, incorporando un programa de restauración ecológica activa. 

Esta medida promueve la siembra de corales cultivados en viveros, la remoción de especies invasoras y la estabilización de estructuras arrecifales, fomentando alianzas entre agencias, universidades y organizaciones comunitarias para la protección de los ecosistemas marinos.

“Lo que busca es que se pueda desarrollar un plan de manejo, ante la amplia gama de técnicas validadas para la recuperación de arrecifes coralinos, tales como el cultivo de fragmentos de coral en viveros marinos, la siembra de especies resistentes al estrés térmico, la remoción de especies invasoras y la estabilización de estructuras dañadas, estas estrategias no sustituyen la protección ambiental preventiva, pero sí contemplan esfuerzos de conservación al permitir la recuperación de zonas degradadas y la reactivación de funciones ecosistémicas claves”, comentó la autora de la medida.

Otras medidas aprobadas en los trabajos de sesión incluyen:

Proyecto del Senado 188, que busca hacer justicia salarial y contributiva al personal de rango del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico al eximirlos del pago de contribuciones sobre los ingresos que generen por concepto de horas extras trabajadas.

La medida, de la autoría del senador Ángel Toledo López, busca equiparar a los agentes de la Policía de Puerto Rico, quienes ya gozaban de una exención contributiva similar en virtud de la Ley 58-2013. El senador Toledo explicó que el proyecto responde a una necesidad de justicia contributiva y reconocimiento al sacrificio diario de estos servidores públicos, quienes, en el cumplimiento de su deber, enfrentan largas jornadas, condiciones de riesgo y compensaciones que no reflejan la magnitud de sus responsabilidades. Esto aplicaría a los ingresos por horas extras a partir del 1 de julio de 2025.