La agencia endosa un proyecto que legitima estructuras privadas, pero se opone a una medida para establecer un deslinde nacional del litoral costero.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) defendió con entusiasmo una medida que permitiría regular las residencias construidas ilegalmente en terrenos públicos en La Parguera, Lajas. Sin embargo, rechazó otra que busca establecer un deslinde nacional de las costas de Puerto Rico, revelando una contradicción que vuelve a colocar el manejo del litoral en el centro del debate político y ético.

Ambas propuestas legislativas —el Proyecto del Senado 272, que crea la Zona de Planificación Especial Turística de las Casetas y Muelles de La Parguera, y el Proyecto del Senado 697, que propone la Ley para el Deslinde Nacional del Archipiélago de Puerto Rico— fueron discutidas en vistas públicas ante la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, presidida por Thomas Rivera Schatz.

Las posturas de las agencias reflejaron no solo diferencias técnicas, también las tensiones políticas derivadas de la llamada “orden divina” firmada por el propio DRNA hace meses.

La sombra de la “orden divina”

La controversia en torno a La Parguera volvió a intensificarse luego de que la gobernadora Jenniffer González Colón defendiera públicamente la orden administrativa firmada por el secretario Waldemar Quiles Pérez que autoriza al DRNA otorgar permisos y concesiones a los ocupantes de estructuras privadas sobre terrenos de dominio público.

En una conferencia de prensa, González Colón sostuvo que la aprobación de la orden “tuvo intervención divina”.

“Papá Dios es tan justo y bueno que permitió que la orden estuviera ahí para ser firmada ahora. Esto demuestra que tenía nombre y apellido”, dijo la mandataria, aludiendo al proceso que benefició residencias, entre ellas, una propiedad vinculada a sus suegros.

La gobernadora negó que la orden se trabajara en su transición, asegurando que fue redactada en la administración anterior, pero no firmada por la entonces secretaria Anaís Rodríguez Vega, a quien responsabilizó —junto con la abogada Mildred Sotomayor— de oponerse a su firma.

Desde entonces, sectores ambientales y políticos acusan al DRNA de “legalizar lo ilegal”, al otorgar legitimidad a ocupaciones históricamente irregulares.

Respaldan “ordenar” las estructuras

El Proyecto del Senado 272 es prácticamente el reflejo legislativo de esa orden administrativa.

La medida propone establecer una zona de planificación especial turística en La Parguera, otorgando al DRNA la facultad de conceder licencias y cobrar cánones entre 5% y 10% a quienes ocupan terrenos o aguas públicas, bajo la promesa de control ambiental y justicia comunitaria.

El DRNA defendió la medida como una “respuesta responsable y equilibrada” a un conflicto que lleva más de cuatro décadas sin resolución.

“En ninguna circunstancia se está cediendo el dominio público. El P. del S. 272 permitirá controlar, fiscalizar y cobrar por las estructuras que hoy ocupan sin regulación los terrenos del pueblo de Puerto Rico”, sostuvo la agencia.

El proyecto prohíbe expandir o reconstruir casetas con más del 50% de daño, y ordena que los fondos recaudados se dividan entre el DRNA y el municipio de Lajas para conservación y servicios ambientales.

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), la Compañía de Turismo y la Junta de Planificación apoyaron parcialmente la medida, valorando su potencial turístico y la coordinación interagencial que propone.

El Departamento de Justicia advirtió, no obstante, que cualquier concesión otorgada sobre bienes de dominio público no puede generar derechos propietarios y debe enmarcarse estrictamente dentro del fideicomiso natural del Estado.

La ley que el DRNA no quiere trazar

Mientras defiende la regularización en Lajas, el DRNA rechazó de plano el Proyecto del Senado 697, que busca establecer un deslinde nacional de los bienes de dominio público marítimo-terrestre y definir de manera científica y obligatoria los límites costeros del país.

La agencia alegó que la delimitación de la zona marítimo-terrestre ya está regulada por el Reglamento 4860, y que una nueva ley sería “impráctica, financieramente inviable y científicamente inestable”.

Sostuvo además que la costa puertorriqueña es dinámica y que fijar un deslinde permanente “no tendría valor técnico a largo plazo”.

El memorial del DRNA destaca un déficit de $76 millones y la falta de recursos humanos especializados como razones para no asumir el proyecto.

La Junta de Planificación (JP), por su parte, coincidió en que el PS 697 carece de respaldo fiscal y jurídico, advirtiendo que su lenguaje podría provocar conflictos de propiedad y expropiaciones.

“La delimitación que plantea la medida puede ser vista como una apropiación de bienes, lo que la hace susceptible a impugnaciones constitucionales”, señaló el presidente de la JP, Héctor Morales Martínez.

Asimismo, la Compañía de Turismo respaldó la intención del proyecto, pero se desligó del rol técnico, aclarando que su jurisdicción se limita al impacto turístico y la coordinación con el DRNA y la JP.

Visiones técnicas y alertas constitucionales

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) apoyó ambos proyectos, aunque pidió ajustes.

Sobre el PS 697, insistió en que el deslinde debe basarse en criterios topográficos, geológicos y antropogénicos, y que su valor depende de una revisión periódica coordinada por el DRNA y la Universidad de Puerto Rico.

En el caso del PS 272, recomendó incluir certificaciones de precisión milimétrica (25.4 mm) para las estructuras existentes en La Parguera.

El Departamento de Justicia planteó que toda concesión o autorización debe mantener el carácter temporal y revocable, recordando que el Estado actúa como fiduciario de los bienes públicos y no puede permitir su conversión en propiedad privada.

Desde el sector privado, Frank Inserni Milam, presidente de Arrecife Condado, Inc., denunció que ambas medidas carecen de base científica y favorecen intereses particulares.

“El PS 697 carece de rigor técnico y el PS 272 institucionaliza lo que por años se ha hecho al margen de la ley”, dijo Inserni.