La organización planteó que Ejecutivo y Legislativo han hecho poco por aliviar la carga de las mujeres indigentes y mayores de edad que son la mayoría de las personas a las que asisten.

La entidad Ayuda Legal PR, que da apoyo a personas y organizaciones en temas de derechos humanos y de acceso a la vivienda, anticipó que en 2026 ampliarán su acción legal y respuesta rápida para enfrentar “retrocesos en derechos fundamentales” que se manifiestan en los desplazamientos de hogares y comunidades, así como el ataque al derecho al aborto y a la autonomía de las embarazadas.

Durante el año pasado, las líneas de ayuda que operan gratuitamente atendieron a 6,771 personas, de las cuales 70% fueron mujeres y aproximadamente una cuarta parte eran adultos mayores. Además, dijeron que su portal, ayudalegalpr.org, sirvió para que más millón de personas accedieran a formularios, guías y herramientas legales.

El liderato de Ayuda Legal atendió a la prensa el martes pasado, a la vez que la Cámara de Representantes aprobó, mediante descargue y sin vistas públicas, el Proyecto del Senado 923 que califica como asesinato dar muerte a una criatura concebida, pero no nacida. Godreau Aubert opinó que esta y otras leyes recientes sobre el no nacido todavía mantienen el andamiaje que legaliza el aborto en la isla bajo circunstancias específicas, pero, “sin duda, aquí el tema es el camino a eventualmente criminalizar (el aborto) y, mientras tanto, crear confusión, pero en la confusión se nos pierden vidas”.

Algunas de las condiciones que la organización ha detectado mediante su trabajo de orientar a las personas, y que tendrán su foco en 2026, incluyen:

-El 94% de las personas que enfrentan procesos de desalojo no cuenta con representación legal. A la vez que hay más necesidad de vivienda asequible, también hay más prácticas predatorias por parte de caseros y más ataque a la vivienda pública, como limitaciones federales y la desatención del gobierno local a asuntos como la contaminación con plomo en la pintura usada en residenciales públicos.

-Están debilitados los servicios para sobrevivientes de violencia doméstica, hay carencia de políticas que reconozcan el trabajo de cuido y amenaza a la asistencia nutricional para miles de familias.

-Conseguir una ley que extienda una licencia de cuido, con el fin de eliminar barreras para personas que cuidan, especialmente mujeres.

A preguntas de NotiCel sobre cuánto la administración de Jenniffer González Colón y la legislatura controlada por el Partido Nuevo Progresista (PNP) habían hecho para aliviar los problemas cotidianos de la población a la que sirven, la directora ejecutiva de la entidad, Ariadna Godreau Aubert, dijo que “muy poco”.

“Hay una abstracción de la cotidianidad”, argumentó. “Lo que vemos es como una manera de coger temas de política pública que no importan, para crear un tipo de pantalla, para que no hablemos de los temas que tenemos que hablar… estamos apostando a una administración (de gobierno) que apuesta a la creación de contenido y no a la creación de política pública ni al establecimiento de política pública. Tenemos creadores de contenido gobernando, y eso es importante”, acotó.

Presentó como ejemplo su herramienta Observatorio de Política Pública, con el que monitorean legislación en áreas de vivienda, adultos mayores, trabajo, derechos reproductivos y justicia climática. Los proyectos relacionados con el aborto se han aprobado el 40%, pero los relacionados con vivienda, “no llega ni cerca”, aseguró. “Lo que la legislatura ha estado siguiendo no son los temas prioritarios del país”, añadió.

Ayuda Legal ofrece una línea de ayuda los jueves (787.434.7575), además de los recursos en su portal. Godreau Aubert alertó que las personas necesitadas de orientación no deben dejarse estafar por imitadores de la entidad y enfatizó que nunca cobran por sus servicios, no se pregunta por estatus migratorio y no se pide información privada.