La trabajadora está suspendida por cobrar alquiler de espacios de estacionamiento sin remitir la totalidad del dinero recaudado a las arcas municipales.

Una empleada del Municipio de San Juan enfrenta investigaciones del Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor y tres cargos por violar la Ley de Ética Gubernamental por presuntamente causarle al ayuntamiento pérdidas por $4,141 al cobrar por espacios de estacionamiento sin remitir totalmente el dinero recaudado a las arcas municipales.

La empleada, reincidente en conducta ilegal, al menos ante los ojos de la OEG, está suspendida sumariamente del ayuntamiento y fue referida por el gobierno municipal a un proceso administrativo interino, la Oficina del Contralor y el Departamento de Justicia, indicó la portavoz del Municipio de San Juan, Leticia Jover.

En una querella del 31 de mayo de la Oficia de Ética Gubernamental (OEG) se imputa a Gisela Esteva Báez, identificada como Auxiliar Gerencial III, adscrita a la oficina de Empresas Municipales del Departamento de Desarrollo Económico y Turismo del Municipio de San Juan, suscribir acuerdos verbales entre enero de 2022 y julio de 2023 para el uso de áreas de estacionamiento del municipio, como La Puntilla. Se indica que la mujer cobraba el dinero y preparaba tarjetas de acceso que ella misma entregaba.

Su conducta fue investigada por la Oficina de Auditoría Interna del Municipio que encontró, entre otras cosas, que la mujer cobró “sobre” $5,341, pero solo remitió a las arcas municipales $1,200.

A dónde fue el dinero cobrado, pero no remitido al gobierno municipal es una una pregunta que no se contesta con la querella de la OEG.

En el 2022, Esteva Báez fue blanco de otra querella de la OEG cuando trabajaba en el Centro Marítimo Pesquero del Municipio de San Juan. Entonces, se le imputó firmar, sin estar autorizada, unos contratos de arrendamiento para la instalación de pantallas digitales en el lugar. En una Resolución de la OEG se indicó que la mujer aceptó su culpa y pagó una multa de $3,000.

La querella de la OEG indica que la mujer pudo haber violado el Código Municipal al autorizar el arrendamiento de un espacio público sin autorización de la Legislatura Municipal y pudo haber violado la Ley de Ética al utilizar bienes públicos para beneficio personal, provocarle pérdidas al municipio incumpliendo con una ley o reglamento y usurpar un cargo municipal al realizar encomiendas sin autorización.

La OEG solicitó en la querella la restitución de $4,141 mediante retención de nómina.