Desde el 1976 estos trabajadores del mar han luchando para evitar que se obstruya el acceso a las playas de Río Grande.

La lucha por el acceso a la playa Las Picúas, entre otros cuerpos de agua en Río Grande, culminó después de que un grupo de pescadores y líderes de la comunidad lograran que el alcalde Angel «Bori» González firmara una ordenanza municipal para garantizar que las playas no vuelvan a ser restringidas por los residentes costeros.

Desde el 1976, ni los pescadores ni visitantes habían logrado acceder a la costas con total libertad.

«Ya le dimos a conocer al pueblo de Río Grande que el alcalde ya accedió y firmó la ordenanza municipal que estábamos pidiendo para que las playas y los ríos de Rio Grande no tuvieran obstáculos para acceder a ella», contó Raúl Torres, portavoz del Campamento Erizo a NotiCel.

Los accesos a los cuerpos de agua habían sido cerrados por residentes de Las Picúas. Lo hicieron instalando portones impidiendo el paso tanto de personas como de vehículos.

«Por eso creamos el campamento Erizo, para luchar. Empezamos a derrumbar los portones para que el pueblo tuviera acceso a la misma. Por eso mismo le pedimos al alcalde que hiciera la ordenanza municipal el cuál prohibiera que los caminos de Rio Grande sean cerrados», destacó Torres.

«Todo esto pasaba frente a los vigilantes de Recursos Naturales que permitieron por años este abuso de poder de parte de los invasores. Desde que esta nueva generación de pescadores nos instalamos en el Campamento Erizo, estábamos determinados a conseguir ese acceso libre a la playa», también detallan los pescadores en declaraciones escritas.

Torres contó a este diario digital que eran seis portones vehiculares y otros seis peatonales.

«A ellos (los residentes) no les gustó la idea. Estuvieron reacios, pero tuvieron que acceder porque estamos actuando conforme a derecho. La Junta de Planificación dice que no puede haber obstrucciones en ningún cuerpo de agua», resaltó Torres.

Los residentes, para el mes de mayo, llevaron un caso ante los tribunales para impedir que se abriera el acceso, pero no tuvieron resultados.

«Ellos nos citaron al cuartel de la Policía, nos llevaron a los tribunales pero todo quedó a nuestro favor porque estábamos actuando conforme a derecho. Es ley, las playas son del pueblo y nadie puede venir a decir que es solo de ellos», explicó Torres.

Rio Grande tiene 14 kilómetros de playa y ninguno tenía acceso a la playa, según Torres.

«Esta lucha está desde el 1976 y ahora es que logramos que este problema se resolviera», indicó.

La ordenanza municipal prohíbe que se coloque cualquier tipo de obstrucción al acceso a playas y ríos del municipio. Aquellos residentes que incumplan se exponen a una pena de hasta seis meses de cárcel y $500 de multa.

Según el portavoz del campamento Erizo, las playas y los ríos no sufrieron daños a pesar de la instalación de los portones.

«El único daño era que el pueblo no podía acceder a las playas y los pescadores tampoco. O sea, los que se ganaban la vida pescando ya no lo podían hacer. ¡Al fin, hicimos justicia!», concluyó.

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