Presidente del Colegio lo destituye

Un grupo de peritos electricistas, encabezados por el tesorero del Comite Ejecutivo del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico (CPEPR), Ángel E. Santana Lugo, radicaron una querella el miercoles contra el delegado del Capítulo de Bayamón y secretario Pro Tempore, Juan A. Guerríos Rodríguez.

Alegaron que para ocupar un puesto electivo, este cometió perjurio y violó las leyes y reglamentos que rigen la profesión, tras ocultar que tenía expediente delictivo como ofensor sexual y además pidieron al presidente de la entidad, Antonio Ortiz Betancourt que lo releve del puesto.

‘Este sujeto aparece en el Registro Nacional de Ofensores Sexuales y posee historial delictivo en el estado de Hawaii. Se pudo obtener un ‘eCrime Certified Record’ con fecha de junio 5 de 2018, donde certifican que entre los años 1988 y 1995 fue convicto por tres delitos de depravación moral, que incluyen asalto y ataque sexual a un menor de 14 años, lo cual impedía ocupar posición electiva alguna, tal como lo especifican las leyes y reglamentos vigentes’, resumió Santana Lugo en declaraciones escritas.

Así lo hizo Ortiz Betancourt, quien luego de la publicación, divulgó que destituyó a Guerríos Rodríguez.

‘En este Colegio no existe espacio para personas cuya reputación no este a la altura de nuestra honorable organización. Tan pronto entramos en conocimiento sobre este abominable hecho que ocurrió hace 30 años, tomamos acción de inmediato, ayer mismo, y destituimos al señor Guerrios Rodríguez de todos sus cargos en el Colegio. Es muy lamentable cómo esta persona no reveló información de su pasado, no solo a sus colegas, sino a las pasadas Juntas de Gobierno’, expresó Ortiz Betancourt a la vez que mencionó que la remoción ocurre luego que el Colegio recibiera en la tarde de ayer información de que Guerríos Rodríguez fue convicto hace tres decadas de tres cargos de índole sexual en Hawaii.

Luego de la publicación de la querella, el acusado se comunicó por escrito con este medio para aclarar que la convición en Hawái no fue por agredir sexualmente a una menor si no por intento de violación a una adulta. De igual modo, admitió otro cargo por agresión en segundo grado. Además, cuestionó que el registro de ofensores en Hawái exige que se este anotado si se es residente, y Guerríos Rodríguez salió del estado en 1997.

La Ley 131 del 28 de junio 1969, según enmendada, establece en el Artículo 2014 ‘Oficiales’, inciso (d) que ‘los candidatos a puestos electivos en la junta de gobierno tienen que gozar de buena reputación moral’. Mientras, el Reglamento del Colegio Peritos Electricistas de Puerto Rico, establece en su Capítulo dos, Artículo dos de ‘Deberes de sus miembros’, inciso uno que ‘no podrá pertenecer a la junta de gobierno ningún colegiado que haya sido convicto por un tribunal de justicia por delito que implique depravación moral’.

Por otro lado, Santana Lugo dijo que a su vez, el Reglamento de Elecciones de la Comisión de Escrutinio del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico, establece que ningún miembro puede ‘haber sido encontrado culpable por un delito grave o menos grave, que implique depravación moral o por apropiación ilegal grave o menos grave’.

‘La reputación y el buen nombre de la institución se están viendo afectadas por su inacción. Es denigrante que el actual presidente del Colegio, teniendo conocimiento de los actos delictivos cometidos por su hombre de confianza Juan Guerríos, no haya actuado conforme a sus deberes y responsabilidad para con nuestra matrícula, y lo mantenga en sus funciones’, denunció Santana Lugo.

El Presidente del Colegio mencionó que a pesar que el Reglamento exige un Certificado Negativo de Antecedentes Penales de la Policía de Puerto Rico, procurará fortalecer las leyes en el Reglamento sobre los criterios para que personas aspiren a puestos electivos en el Colegio, entre ellas, la certificación de delitos en otras jurisdicciones.

Sumado a este caso, la Autoridad de Energía Electrica (AEE) tambien mantiene bajo sus filas a Jose J. Cordero Perez, quien hostigó y hasta amenazó a una abonada de la corporación pública tras llegar a su casa en un vehículo oficial para realizar trabajos en el contador de la residencia.

‘No te pongas brava que te corto la luz’ y ‘pobre de tu novio’ fueron algunos de los mensajes que recibió Marcia Gil, quien demandó al empleado.

Cordero Perez, por su parte, tiene 27 casos ante la Oficina de Ética Gubernamental en los que admitió culpabilidad, tiene pendiente una multa de $10,000 en la Oficina de la Procuradora de la Mujer y enfrenta una demanda en el tribunal federal.

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