La jueza federal Carmen Consuelo Cerezo amonestó a la magistrada Silvia Carreño Coll y a la Oficina de Probatoria federal por enfrascarse en un ‘cuadre’ de las horas de servicio comunitario que se supone que el exbaloncelista Jose ‘Piculín’ Ortiz sirviera como parte de su probatoria, y tambien ordenó una vista en la que podría revocársele dicho beneficio al tambien conocido como el ‘Cóncord’.

La controversia comenzó cuando, a 4 días de que terminara el periodo probatorio de Ortiz, su oficial de probatoria le informó al tribunal que el exbaloncelista no había cumplido con su cantidad de horas y, a la vez, le solicitaba al tribunal que le conmutara el resto de las 345 horas que debía cumplir.

Ortiz fue condenado a cumplir sólo seis de los 12 a 18 meses que se supone estuviera en cárcel, con la condición de que se sometiera a un periodo de probatoria de cuatro años en los que tendría que rendir 600 horas de servicio comunitario sin paga. En un momento del caso, el exjugador había informado que se le estaba haciendo difícil encontrar lugares en los que cumplir con sus horas de servicio.

La sentencia fue tras declararse culpable de cargos por posesión para distribuir marihuana.

Según la orden emitida por la jueza, aún en las horas con las que dijo que había cumplido había problemas porque se le había acreditado todo tipo de actividad, incluyendo entrevistas periodísticas, comparecencias en eventos sociales, y actividades que estaban relacionadas con sus dos trabajos remunerados, uno en una academia deportiva en Yabucoa y otro como consultor de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

‘Este servicio (comunitario) no se supone que fuera producto directo o indirecto de las actividades pagadas (de Ortiz) ni una recompensa por cada comparecencia pública posible hecha por él sin importar que no estuviera relacionada con el servicio contemplado en sus condiciones especiales (de libertad). Era sobre una figura deportiva poderosa, sirviendo como mensajero, para decirlo como es: que había estado involucrado en actividad de narcóticos, que había sido adicto y que había sido acusado. Como mensajero, el Sr. Ortiz Rijos se supone que se levantara mediante comunicar, no necesariamente con discursos formales pero con diseminación, a los jóvenes aquello que es esencial para evitar que se involucren en la misma conducta que él y que cometieran las mismas ofensas que él había cometido. (Ortiz) se supone que fuera un ejemplo vivo del tipo de vida que llevó a su caída. Los niños tenían que saber que tenía la fuerza para buscar tratamiento y alcanzar la rehabilitación para que, ojalá, los niños se salven del mismo tipo de conducta destructiva que llevó al Sr. Ortiz Rijos al tribunal’, dijo la jueza en una decisión la semana pasada.

En el documento, Cerezo no solamente amonestó a la oficial de probatoria por lo tarde que notificó el incumplimiento y por el tipo de actividad por la que le permitió certificar horas, sino que, además, regañó a la magistrado porque en vez de conducir el proceso de revocación de fianza que le había referido, entró en un ejercicio de ‘cuadrar’ las horas con el abogado de Ortiz y la oficial de probatoria.

Como parte de su determinación, la jueza señaló para el 6 de julio una vista en la que se le podría revocar la probatoria a Ortiz, lo cual lo colocaría en la antesala de tener que cumplir el resto de su sentencia de cárcel original.

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