El abogado de defensa del acusado por el asesinato del niño Lorenzo González Cacho, y miembro de la Sociedad para la Asistencia Legal, Mario Moczó, aseguró estar ‘cien por ciento seguro’ de que Luis G. ‘El Manco’ Rivera Seijo es inocente.

‘Él no tiene nada que ver’, dijo en un aparte con la prensa el martes, luego de transcurrir tres horas dentro de la sala de investigaciones del Centro Judicial deBayamón, donde se discutió la prueba sometida por el Ministerio Público contra RiveraSeijo, que lo señala como autor del crimen ocurrido en 2010. Se halló causa para arresto y se le impuso una fianza de $3 millones.

Rivera Seijo ha estado recluido por casi cuatro años en el Hospital Psiquiátrico de Río Piedras, sin embargo, su Defensa no recurrirá a la inimputabilidad debido a que está convencido de su inocencia.

Sin embargo, Moczó apeló a la improcesabilidad, amparado en el récord médico del imputado. El licenciado explicó que en sala se descartó su planteamiento sobre la no procesabilidad de ‘El Manco’, quien aparentemente no está apto para entender el proceso o para cooperar con su defensa en el esclarecimiento del caso.

‘No es procesable, no me entiende, no puede entender lo que le explico ni tomar decisiones en el caso… la ley le requiere a las personas que entiendan el proceso y puedan cooperar con la defensa’, insistió.

Aún así, se halló causa para arresto en su contra y se le impuso una fianza de $3 millones. Rivera Seijo se mantendrá recluido en elPsiquiátrico de Río Piedras, donde ha permanecido desde el 2012. En caso de que le otorguen el alta para salir, debería ingresar a la cárcel.

‘Tres millones a una persona que está en un hospital psiquiátrico…’, criticó el abogado de defensa. El licenciado Moczó negó que haya sido justo el proceso presidido por la jueza Jessica Morales Correa.

‘No lo han sido [justos] ni lo van a ser… En el momento dado, será el pueblo el que adjudicará, el jurado’, concluyó.

Rivera Seijo solo enfrentó un cargo por asesinato en primer grado, ya que cualquier otro delito, como escalamiento o Ley de Armas, queda prescrito debido a los seis años que han pasado desde el incidente. El imputado se expone a una condena de 99 años.

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