La Policía de Puerto Rico realizó el lunes el operativo ‘100×35 contra el tráfico de armas’, contra la venta de armas ilegales a nivel de toda la Isla.

El superintendente José Caldero López informó que hasta el momento 135 personas han sido arrestadas, de un total de 220 órdenes de arrestos diligenciadas por parte del Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales por la venta de 126 armas de fuego ilegales a agentes encubiertos en una operación que duró un año.

‘Se trata del operativo de armas ilegales más grande en la historia de la Policía de Puerto Rico, gracias a la extraordinaria labor de agentes del Negociado de Drogas y Armas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales. En este mega operativo que se está llevando a cabo en todas las áreas policiacas se han ocupado armas de alto poder como AK-47, rifles 223 y pistolas Glock, además de gran cantidad de municiones’, expresó Caldero López.

Se informó que al menos 68 vehículos fueron confiscados en dicho operativo en el que participó SWAT, helicópteros de FURA, División de Operaciones Tácticas, Negociado de Vehículos Hurtados y agentes del Negociado de Drogas y Armas.

‘Esta investigación que comenzamos en noviembre de 2014 y culminó en diciembre de 2015 reveló que existe una conexión entre Puerto Rico y el estado de la Florida con organizaciones que se dedicaban a la venta de armas ilegales en Humacao, Aibonito, Yabucoa y Las Piedras. Muchas de estas armas entraron a Puerto Rico por el correo postal’, explicó Caldero López.

‘Tenemos que señalar que Puerto Rico tiene una de las leyes de armas más estricta a nivel de toda la nación americana, por lo que estos arrestos representan un gran impacto contra la tráfico de armas ilegales, ya que no existe probatoria para aquella persona que salga convicta, por lo que tendrán que cumplir cárcel’, añadió el jefe de la Policía.

En total se radicaron 873 denuncias contra los arrestados con una fianza global de 145 millones de dólares, desarticulando 44 organizaciones dedicadas a la venta de armas y drogas. Los agentes lograron ocupar 34 rifles, 88 pistolas, 4 revólveres, 115 cargadores y 1,565 municiones de diferentes calibres.

Entre los arrestados figuran una maestra de una institución privada de Hatillo, un contador público autorizado, un piloto comercial, un comerciante, un guardia de seguridad, un enfermero, un empleado del municipio de Trujillo Alto y otro de Carolina. Además, tres familiares de un agente adscrito al Área de Aibonito. También fue excarcelado Richard Cartagena Suárez quien en el 2013 hirió de bala a un agente de la División de Drogas de Ponce.

La inversión de este operativo fue de 250,000 dólares para la compra de evidencia y gastos confidenciales.