El secretario del Departamento de Justicia (DJ), Cesar Miranda, anunció hoy que se detuvo la venta de armas a 32 sujetos que intentaron adquirirlas en armerías de los Estados Unidos gracias a que Justicia logró establecer una comunicación histórica entre los sistemas de información criminal de Puerto Rico y los Estados Unidos.

Se trata del envío de 9,345 fichas de información de sujetos que, por ejemplo, enfrentan cargos criminales, son adictos a drogas o han sido acusados por violencia doméstica.

Estos datos forman parte de los Sistemas de Verificación de Registro Criminal Nacional Instantáneo (NICS, por sus siglas en inglés), adscritos al Buró Federal de Investigaciones en Virginia (FBI, por sus siglas en inglés).

‘Esta es una integración histórica ya que, por primera vez, Puerto Rico se conecta de forma directa con las bases de datos de los NICS, conexión que nunca antes se había realizado en tiempo real con los sistemas federales. Además, es una poderosa herramienta para continuar combatiendo el crimen, renglón en el que hemos logrado una reducción histórica en los pasados dos años’, expresó el Secretario.

La integración tiene el efecto de prohibir la venta de armas y municiones en los Estados Unidos a personas con historial criminal en Puerto Rico, evitando que más armas sean introducidas en Puerto Rico para cometer delitos. Con ello, la Isla comienza a cumplir Ley Brady de 1993, que establece que aquellos que tengan la licencia federal para manufacturar y vender armas utilicen la base de datos para verificar la elegibilidad de la persona.

Entre las personas que se establecen como inelegibles para enviar, transportar, recibir o poseer cualquier tipo de armas están: los fugitivos de la justicia; los que han sido convictos en corte por un crimen al cumplimiento de más de un año de cárcel; es adicto a sustancias controladas; ha sido ingresado a una institución mental; ha sido expulsado de las Fuerzas Armadas de manera deshonorable; ha sido convicto en corte por cargos de violencia doméstica; es sujeto de una orden judicial que le restringe acercarse a ciertas personas; entre otros.

Unos $750 mil en fondos federales han sido destinados para cumplir con la integración de los módulos que permitirán el envío de alrededor de 300 mil datos a los NICS. Se espera que el envío culmine en el 2017.

Esta iniciativa forma parte de la tercera fase del Registro Criminal Integrado (RCI), creado para manejar efectivamente el volumen de casos criminales generado en las fiscalías de toda la isla, a la vez que provee el historial criminal de los imputados de delitos.