La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), capítulo de Puerto Rico, evalúa la posibilidad de presentar una querella contra la Policía Municipal de Guaynabo por los recientes casos de abuso de derechos civiles en donde, en el peor de los casos, ciudadanos han resultado muertos.

El director ejecutivo de esa organización, William Ramírez Hernández, explicó a NotiCel que, desde los últimos tres a cuatro meses, la entidad discute esa posibilidad pero, una conversación con un directivo de la Uniformada, el cual evitó mencionar, ha detenido esa gestión.

‘Definitivamente hay una necesidad de que la Policía de Guaynabo se reforme. Podría ser voluntario, que creo sería lo mejor porque es lo menos costoso para el pueblo o podría ser a través de un litigio en donde se exige una reforma constitucional del cuerpo policiaco’, puntualizó el líder de derechos civiles, quien aseguró que esa denuncia podría incluir a otras organizaciones de seguridad en otros pueblos.

Ramírez Hernández cuestionó, además, los motivos que provocan que agentes municipales disparen contra ciudadanos, en su mayoría, por intervenciones de tránsito.

‘Eso es una conducta muy peligrosa y ha resultado en muertes injustificadas. Cuando un policía para a un ciudadano, lo está haciendo, no por un delito, sino por una infracción a la Ley de Tránsito. Si en el proceso fuera cierto que la persona tiene un arma o drogas, eso tampoco es razón para asesinar a la persona’, indicó sobre el particular.

‘El rol de lo policía no es asesinar, es arrestarlo. Si cometió delito, llevarlo a las autoridades y que pase el debido proceso de ley, donde se determinaría si hay culpabilidad o no.

De la misma forma, el Director Ejecutivo de la organización de derechos civiles, atribuyó el comportamiento de esos uniformados a la falta de adiestramientos en la agencia.

‘Hay que ver cómo se escogen a los agentes. Si tienen el temperamento que debe tener un policía para hacer ese tipo de trabajo. Lo otro es, los entrenamientos que reciben en la academia sobre el uso apropiado del arma y cómo hace una intervención adecuada. Eso deben tenerlo todos los policías. Ellos no son abogados, pero deben tener una noción de lo que es constitucional y lo que no’, comentó.

‘Muchos policías, cuando se van en una persecución, se afectan porque se le fueron o porque no los respetan y el uniformado, si tiene el temperamento correcto, actúa o no’, agregó.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad que a la Policía Municipal de Guaynabo se le asigne un síndico, como se le hizo a la estatal, el líder de la ACLU dijo que ‘no, no sería raro eso’.

Recientemente en Guaynabo se han reportado varios incidentes sin esclarecer en donde ciudadanos han resultado muertos a manos de la policía municipal de ese pueblo.

El último de ellos se registró en noviembre, cuando un agente de orden de Guaynabo ordenó detener a Juan Vega Mejías, quien manejaba un Mitsubishi Lancer, vehículo que había sido reportado desaparecido.

Según el informe de novedades, el sujeto se tornó hostil, se dio a la huida e impactó una patrulla y una grúa, ambos vehículos oficiales. En la persecución el hombre recibió dos disparos y llegó al hospital sin signos vitales.

Otro suceso similar ocurrió en junio del 2014 cuando Carlos Sandoval, de 24 años de edad, murió a manos de otro agente municipal identificado como Joel Huertas Pérez, de 28. La información apuntó que la víctima impactó el automóvil del guardia tras una disputa de tránsito.

El Departamento de Justicia informó que a Huertas Pérez se le presentarían cargos.

Noticel intentó, sin éxito, entrevistar al Alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, o al comisionado de la Policía Municipal, pero las múltiples llamadas y mensajes de texto nunca fueron contestados.