A una semana del inicio del controvertible Sistema de Monitoreo Electrónico de Intersecciones y Tránsito (SIMONE), el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) continúa sin revelar las cifras de multas administrativas que las cámaras registraron en las tres intersecciones donde están ubicadas.

NotiCelsolicitó, en varias ocasiones, a la portavoz de prensa delDTOP,IrmaMoyeno, la información sobre los resultados de la primera semana deSIMONE, pero las gestiones norindieronfrutos.La funcionaria comentó que los detalles de la solicitud de este medio ‘no eran posibles al momento’, pues esa información no estaba disponible.

De este modo, el secretario del DTOP, Miguel TorresDíaz, todavía no puede ofrecer un panorama preciso sobre el aparente éxito del programa que inició en el área metropolitana el miércoles, 1 de octubre de 2014.

Sin embargo, la pasada semana el titular aseguró que en el primer día de las fotomultas, un 99.2% de los conductores cumplió con la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, siendo solo el .8% de los ciudadanos los que incurrieron en posibles infracciones a ese estatuto. Estas cifras solo se basan en una intersección durante un día.

De igual modo, la agencia tampoco presentó información sobre la persona que determinará o no si un conductor infringió la ley y que posteriormente adjudicará la falta administrativa. Ese empleado, contratado por la compañía que opera SIMONE, International Traffic System (ITS), es un excapitán de la Policía que hasta el momento solo ha sido identificado como Fontánez.

Por su parte, el representante novoprogresista, Jorge Navarro Suárez, presentó una pieza legislativa para igualar el proceso de apelación de un boleto emitido por un oficial del orden público.

La medida, radicada este jueves, persigue que el conductor pueda pedir una revisión de su boleto en el Tribunal de Primera Instancia y que tenga más tiempo, y no 15 días, para esa gestión.

Los conductores que hayan cometido algún delito en esas intersecciones recibirán en las próximas semanas una notificación de multa, gestión que solo pueden apelar en la propia agencia durante los próximos 15 días después de haber recibido el documento.

De no estar de acuerdo con la vista administrativa, el ciudadano podrá ir al Tribunal de Apelaciones en un intento por revertir la determinación del DTOP e ITS.

‘Nos parece inaceptable que para objetar un boleto de tránsito que sea expedido por un agente del orden público el conductor tiene 30 días, mientras en el caso de las fotomultas sólo se cuenta con 15 días’, indicó el legislador.

‘Nos parece intolerable que los boletos expedidos por agentes del orden público se objetan en el Tribunal de Primera Instancia, mientras en el caso de fotomultas el asunto se adjudica dentro de la misma agencia que recibe parte del dinero que generan las multas. Esta situación representa un serio conflicto de interés que pone en duda la pureza del procedimiento de objeción y levanta sospechas sobre la imparcialidad de la adjudicación final’, agregó el portavoz de la minoría en la Comisión cameral de Asuntos del Consumidor.

En tanto, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) investiga desde esta semana los términos y condiciones bajo los que el DTOPconcedió el contrato a ITS. Esa pesquisa inició luego que la Asociación de Empleados Gerenciales y Supervisores de la Autoridad de Carreteras y Transportación presentara una querella por aparente favoritismo y por violentar procesos de adquisición.

Larry Seilhamer, portavoz del Partido Nuevo Progresista en el Senado, también radicó una medida para investigar ese contrato.