Tres residentes de Piñones acudieron el miercoles, ante el Tribunal Apelativo solicitando comparecer como amigos de la Corte en el caso de expropiación de 1,355 cuerdas de Costa Serena, en el sector Monte Grande-Vacía Talega.

El complejo residencial-turístico de la PFZ Properties se levantaría en una franja estrecha de 64 cuerdas entre la playa y el resto de las tierras de la PFZ (1,291 cuerdas), que consisten mayormente en manglares y humedales.

Las lideresas comunitarias Maricruz Rivera Clemente, Yolanda Pizarro Quiñones y Milagros Quiñones han llevado ante el Apelativo su preocupación con el status de esta expropiación.

La acción judicial comenzó en 2008 bajo la gobernación de Aníbal Acevedo Vilá. Tres tasaciones, incluyendo la de un tasador de PFZ, fijaron el valor de los terrenos en unos $5 millones. El Gobierno incluso le pagó la suma de$ 4.9 millones a PFZ, que tomó el dinero y siguió litigando para aumentar su compensación. Luego en 2011 y bajo la gobernación de Luis Fortuño, un tasador contratado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) aumentó seis veces la tasación original de los terrenos, a $32.6 millones.

Ante una tasación tan elevada el Gobierno desistió en 2012 de la expropiación, lo cual lo obligaría a devolver los terrenos a la PFZ.

En la Sala de Expropiaciones no se celebró una vista en torno a la tasación de $32.6 millones ni se analizó su legalidad. La presente administración ha cuestionado dicha tasación en un recurso sometido al Tribunal Apelativo.

Sin embargo, el Apelativo aún no indica si verá el caso. ‘Estamos dando la voz de alerta’, dijo Rivera Clemente, fundadora de la Corporación Piñones se Integra (COPI). ‘No podemos permitir que le devuelvan los terrenos a Costa Serena. Luchamos mucho por llegar a donde llegamos y no vamos a dar marcha atrás’.

Las residentes ven con suspicacia el enorme aumento en la valoración de los terrenos. ‘La tasación de 32.6 millones de dólares debe ser investigada por todas sus esquinas. En el pasado los directivos de PFZ y Costa Serena inclusive hicieron pagos ilegales a funcionarios de gobierno’, dijo por su parte Quiñones Ortiz.

Un evento importante para la expropiación sucedió en junio de 2012, cuando el Tribunal Supremo dejó sin efecto una Declaración de Impacto Ambiental-Final (DIA-F) de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) que endosó la construcción de Costa Serena.

El Tribunal Supremo resolvió así porque residentes y grupos de la comunidad de Piñones y Loíza no fueron notificados debidamente de los procesos ante la JCA. Aunque la ausencia de una DIA aprobada socava la tasación de $32.6 millones, ya que esta presupone que se pueda construir en los terrenos, la Sala de Expropiaciones hizo caso omiso de la solicitud de nueva tasación que hizo el Gobierno.

La negativa de la Sala de Expropiaciones motivó el recurso del Gobierno ante el Tribunal Apelativo. Es allí donde las residentes de Piñones solicitan poder expresar las preocupaciones de la comunidad. ‘Este caso no es únicamente entre el Gobierno y PFZ’, dijo Pizarro Quiñones, cuya familia reside en Monte Grande hace siete generaciones. ‘Aquí la comunidad también tiene mucho que decir’.

‘La expropiación de los terrenos de Costa Serena fue objeto de una amplia discusión pública y se suponía resuelta hace años, al instar el ELA esta acción’, finalizó Rivera Clemente, que insta el ‘amicus’ con las otras dos residentes por derecho propio. ‘Somos conscientes que el problema lo creó la administración pasada, pero devolverle los terrenos a Costa Serena sería un desenlace funesto para la comunidad de Piñones, y un escándalo ante la confianza pública del país’.