La larga controversia sobre la solicitud de acceso que hace la congregación Testigos de Jehová para entrar a realizar su actividad de predica en urbanizaciones de acceso controlado pasó al Tribunal Supremo de Puerto Rico ayer cuando el juez federal Gustavo Gelpí le solicitó a ese foro, mediante el recurso de certificación, que le contestara al Tribunal Federal la pregunta de si las leyes y Constitución de Puerto Rico permiten las carreteras residenciales privadas.

Es el segundo intento del Tribunal Federal para que el Tribunal Supremo le conteste preguntas sobre la aplicación de las leyes de Puerto Rico en esta controversia, pero en la ocasión anterior, el Supremo declinó la solicitud.

La demanda de la congregación contra el gobierno de Puerto Rico y varios municipios está activa desde 2004, y en su trayecto los religiosos han conseguido victorias tales como que las urbanizaciones cerradas que no tengan guardia de seguridad tengan que entregarle métodos de acceso como, por ejemplo, ‘beepers’ y códigos electrónicos, que sólo tienen residentes.

En esta parte del pleito, el foco de la controversia es la urbanización Brighton Country Club en Dorado, cuya escritura, en aparente violación de la Ley Hipotecaria y otras disposiciones legales, tiene puesto en su escritura que sus calles le pertenecen a los residentes y no al municipio. En su certificación, el juez Gelpí señala que esto se hizo con la complicidad del municipio de Dorado, y sin que las agencias de permisos lo evitaran.

Gelpí argumentó que el conjunto de hechos que arroja el caso de Brighton haría necesaria la intervención del Supremo de Puerto Rico porque es una controversia que no se ha abordado antes y choca con el principio que ha establecido el propio Supremo de que, aunque la urbanización sea cerrada, la calle se mantiene pública y el municipio se convierte en su titular.

‘Sintetizando las disposiciones del Código Civil, parece que las calles de (Brighton) son públicas por naturaleza (pero)… [d]ebido a que (Brighton) pagó para construir y mantener las calles, y sigue teniendo la titularidad del terreno, se puede hacer un argumento de que las calles son privadas. Es por estas razones que este tribunal le certifica la siguiente pregunta al Tribunal Supremo de Puerto Rico: Permiten las leyes y la Constitución de Puerto Rico las calles privadas?’, explicó el juez.

‘Para estar claros, este tribunal no está buscando una opinión consultiva del Tribunal Supremo de Puerto Rico. La disposición de esta controversia resolverá todos los procedimientos futuros ante esta corte. Prospectivamente, la disposición final de este asunto tendrá ramificaciones más allá de este caso y clarificará la ley para litigantes futuros’, añadió.

Certificación del Tribunal Federal al Tribunal Supremo Caso Testigos de Jehová – NotiCel_2929

Orden que resume decisiones del Tribunal Federal en Caso Testigos de Jehová – NotiCel_2930