Los fiscales que manejan el caso de los seis manifestantes arrestados en diciembre 2011 por realizar actos de desobediencia civil en protesta por los molinos de vientos que serán colocados en terrenos agrícolas de Santa Isabel, se presentaron hoy al Tribunal de Primera Instancia en Ponce sin la debida evidencia documental que pruebe el delito de los activistas.

Así lo determinó el juez Enrique Busquets Pesquera, quien le dio un ultimátum a fiscalía e indicó que de no presentar la evidencia documental necesaria en o antes del próximo martes 23 de octubre, pudiera estar desestimando los cargos que pesan contra los acusados.

Las seis personas, entre las cuales figuran cinco estudiantes universitarios y un profesor, fueron arrestadas el pasado 15 de diciembre de 2011 por paralizar labores de construcción en el terreno conocido como Finca de Viento Santa Isabel.

Tras su arresto, los activistas fueron acusados de violar el Artículo 208-A del Código Penal que tipifica como delito de cuarto grado la paralización de labores u obras que construcción que ya cuentan con los debidos permisos del gobierno.

Los estudiantes universitarios Raúl Mari Fernández, Edwin Velázquez, Rosemarie Vázquez, Javier Smith y Luis García, así como el profesor Robinson Rodríguez enfrentan juicio por violación al mencionado artículo, también conocido como la ‘Ley Tito Kayak’.

No obstante, la celebración de juicio podría suspenderse definitivamente si fiscalía no logra traer la evidencia documental dentro del plazo impuesto por el juez Busquets Pesquera.

A su salida del tribunal, uno de los acusados dijo sentir frustración por la dilatación de un proceso legal que en dos meses cumplirá su primer aniversario.

‘Realmente estoy bien frustrado porque como ciudadano después de tenerte 10, 11 meses y a punto de seleccionar jurado, hoy por culpa de fiscalía te hacen perder el tiempo y así ha sido en este proceso que nos ha costado tanto tiempo y recursos a nosotros (los acusados)’, dijo Raúl Mari Fernández a NotiCel.

Sin embargo, el joven confía en que tanto él como sus colegas saldrán airosos de un proceso que describió como vital en su lucha por defender la agricultura en la isla.

‘Hasta el sol de hoy no han presentado una evidencia más allá de duda razonable. Sin embargo, sin fiscalía tener esa evidencia de los elementos del delito por supuestos daños, por violación a un permiso y a la titularidad del terreno, la puerta sigue abierta para la celebración de un juicio. El juez ya le ha dado demasiado tiempo a fiscalía y debió haber desestimado los delitos hoy mismo’, añadió Mari Fernández, quien es agrónomo y actualmente cursa estudios graduados en la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.