Una medida a consideración en el Senado propone que se incluyan las multas impuestas por policías municipales entre las que se deben saldar con carácter obligatorio como requisito para renovar la licencia del vehículo.

La Policía de Puerto Rico avaló una medida que buscaría el que para renovar una licencia de un vehículo de motor o de arrastre el conductor no tenga deudas por boletos expedidos por parte de la Policía Municipal.

Las expresiones fueron hechas por parte del teniente coronel Miguel Rosado en representación del superintendente de la Policía, Emilio Díaz Colón, durante una vista pública de la Comisión de Urbanismo e Infraestructura del Senado.

El P. de. S. 2258 que fue presentado el pasado agosto por los senadores Larry Seilhamer, Cirilo Tirado y Jorge Suárez, pretende enmendar la ‘Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico’.

La idea del proyecto es que para poder obtener su nueva licencia, se le requiera al conductor un Certificado Negativo por Concepto de Multas y Faltas Administrativas Municipales anualmente. Si la persona tiene deudas por boletos expedidos por la Policía Municipal por violar el Código de Orden Público, ya sea porque se estacionó en un lugar prohibido o porque estuvo más tiempo en un lugar que disponía cierta cantidad, deberá pagarlas para obtener su licencia. La expedición del Certificado no conllevará en ningún costo para el conductor.

La Uniformada en su ponencia solo mostró preocupación sobre el caso de cuando una persona reside en un municipio, pero se le expide el boleto en otro pueblo, dónde deberá acudir el conductor para obtener dicha certificación.

La otra inquietud presentada ‘es que si todos los municipios cuentan con la infraestructura para expedir certificación negativa, sin que conlleve en erogación de fondos para los mismos’.

En un parte de prensa del Senado se informó que durante la vista pública salió a relucir ‘que asciende a millones de dólares los boletos dejados de pagar en San Juan, Caguas y Ponce. En la Perla del Sur, por ejemplo, se han expedido 115 mil infracciones, que representan $2.4 millones, que no se han recobrado’.

En la vista se aprobó una enmienda al proyecto presentada por Seihamer, para que dicha información sea recopilada por el Centro de Servicio al Conductor (CESCO) y que a su vez que se le permita al Departamento de Transportación y Obras Públicas retener el ‘10% de las recaudaciones por este concepto’.