El ente fiscal dijo al tribunal federal que ellos son los únicos representantes de la AEE y que el contrato de operación de LUMA no se puede alterar sin su consentimiento.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se opuso formalmente a la dos demandas mediante las que el gobierno de Puerto Rico, así como las autoridades de Energía Eléctrica (AEE) y de las Alianzas Público Privadas (AAPP), intentan conseguir la anulación del contrato de operación de la red eléctrica que tiene LUMA Energy LLC.

La expresión ocurrió ayer en una moción conjunta ante la jueza Laura Taylor Swain sometida para proponerle cómo proceder con las dos demandas que LUMA se llevó del tribunal local con la solicitud de que fuera ella la que las resolviera en el contexto de la quiebra de la AEE.

Representantes de LUMA, la JSF, la gobernadora, la AAPP, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el gobierno central se reunieron el viernes, el mismo día en que la jueza Swain desestimó un primer pleito que LUMA había presentado contra el gobierno por las disputas contractuales que la AAPP le levantó.

El gobierno celebró esa desestimación de Swain, pero expresiones de la jueza en esa decisión son ahora la base para que la Junta se oponga a las dos demandas que quedan por la supuesta nulidad del contrato. Específicamente, el ente fiscal se ancla en que son ellos, y más nadie, los únicos que pueden representar a la AEE y en que el contrato de LUMA se considera una propiedad de la autoridad y, por tanto, un activo que tiene que atender exclusivamente la jueza Swain en el caso de quiebra.

“Sin el consentimiento de la Junta de Supervisión, este tribunal no tiene autoridad para conceder el remedio que se pide en ambas demandas”, indicó el ente. El contrato de operación “es uno de los contratos más importantes de la AEE e indiscutiblemente es propiedad de la AEE. Por tanto, la Ley PROMESA prohíbe a este tribunal emitir las órdenes solicitadas en las demandas porque las mismas interferirían con la propiedad del deudor”, añadió.

Otro argumento que planteó la JSF a Swain es que la operación privada de la red eléctrica es una “directriz y pilar” de la reestructuración de deuda de la AEE desde 2018, que está en cada plan fiscal de la corporación pública y que es también mandato de ley estatal. A contrapelo, la Junta entiende que lo que busca el gobierno con sus demandas es devolver la operación del sistema al sector público y pone en duda las afirmaciones del gobierno de que tendrán a un operador privado sustituto para LUMA.

“A pesar de declaraciones recientes de parte de miembros del gobierno de Puerto Rico, la Junta de Supervisión no está al tanto de la identidad de ningún candidato para sustituir a LUMA o que la AAPP haya iniciado algún proceso transparente y competitivo para identificarlo. Para evitar dudas, el regreso de las operaciones de transmisión y distribución a la AEE como consecuencia de la cancelación del contrato (que es lo que estos casos buscan conseguir) es un resultado inaceptable, y contrario con la ley y la política pública. Solo este tribunal está en posición para coordinar los efectos de la modificación o cancelación del contrato en la reestructuración de la AEE, de manera que se evite caos y catástrofe para el pueblo de Puerto Rico”, argumentó.

En el mismo documento, el gobierno disputó esta contención de la JSF de que querían devolver el sistema al sector público, pero no consignaron detalles sobre la búsqueda de sustituto privado para LUMA.

Por su parte, el operador privado le enfatizó a la jueza que no hay una emergencia real que sirva de base para concederle al gobierno las órdenes o interdictos de emergencia que están solicitando. Por eso, pidieron al tribunal un calendario de mociones en los casos que llega hasta por lo menos marzo de 2026.

Para ilustrar el carácter crítico que tiene la petición de que se anule la extensión de 2022 al contrato temporero de LUMA, el gobierno dijo a la jueza Swain que dos jueces asociados del Tribunal Supremo de Puerto Rico se habían expresado a favor de conceder un plazo de tres días para que las partes se expresaran sobre la urgencia de atender la controversia. Los jueces que expresaron esto en una resolución el 18 de diciembre fueron los dos que nombró la gobernadora: Raúl Candelario López y Camille Rivera Pérez.

Vea: Swain no intervendrá en disputas bajo contrato de LUMA