La Comisión de Asuntos Federales y Veteranos continúa evaluado la infraestructura y funcionamiento de los puertos en San Juan.

La Comisión de Asuntos Federales y Veteranos de la Cámara de Representantes, presidida por el representante José Aponte, intensificó esta semana la investigación sobre el funcionamiento, tarifas, seguridad y regulación de la zona portuaria de la Bahía de San Juan, en el marco de la Resolución de la Cámara 195.

Durante la segunda ronda de entrevistas, Manuel Reyes Alfonso, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimento (MIDA) subrayó la urgencia de considerar el transporte marítimo como un servicio esencial y prioritario para la economía insular.

Reyes Alfonso reprochó que la Junta de Supervisión Fiscal no reconoce el carácter esencial de la industria portuaria.

“Creemos firmemente en la libertad económica; el mercado debería fijar los precios y la intervención del gobierno solo debería garantizar su correcto funcionamiento”, afirmó. Sin embargo, admitió que, pese a las subidas de precios en numerosos sectores, el caso del transporte marítimo destaca por su escasa competencia, mínima supervisión y notable falta de transparencia en costes y servicios.

En contraste con sectores como alimentos y supermercados, donde la competencia y la regulación gubernamental son elevadas —con controles de precios, publicación semanal de datos y constantes informes oficiales—, el sector marítimo está dominado por apenas dos navieras que gestionan más del 80% del tráfico de contenedores. Esta concentración se vio reforzada tras el acuerdo de colaboración firmado en 2019 para el muelle de Puerto Nuevo, lo que, según MIDA, dificulta aún más la competencia efectiva.

El transporte marítimo, catalogado por Reyes Alfonso como “tan esencial como la electricidad o el agua”, sostiene una economía insular que depende en un 80 y 85% de las importaciones alimentarias y de materias primas. No obstante, paradójicamente, Puerto Rico carece de datos concretos sobre los costes y el movimiento de contenedores, lo que obstaculiza la toma de decisiones y la inversión productiva. 

“No tenemos estadísticas representativas ni registros detallados del coste del transporte marítimo”, lamentó Reyes Alfonso.

Las leyes de cabotaje agravan la situación, encareciendo los costes de transporte al obligar al uso de la flota estadounidense, considerada de las más caras del mundo. Incluso las propias navieras estadounidenses optan por barcos de otras banderas en mercados internacionales, lo que, según Reyes, evidencia que la ley de cabotaje no favorece la competitividad en Puerto Rico.

Otro problema identificado es la complejidad en las regulaciones y agencias con jurisdicción compartida.

La Federal Maritime Commission, centrada en el tráfico internacional, no cubre las particularidades locales, mientras que la Autoridad de Puertos y el Departamento de Desarrollo Económico, según MIDA, muestran “dejadez” ante el problema. 

Reyes recordó que en el pasado el gobierno intentó intervenir creando las Navieras de Puerto Rico, aunque el proyecto no prosperó.

Ante esto, la opacidad en la estructura de tarifas y la confidencialidad de los contratos privados impiden a importadores y analistas comparar precios y negociar en igualdad de condiciones, generando incertidumbre y dificultando la evaluación real del mercado.

“La falta de datos concretos impide saber si los precios del transporte son competitivos”, afirmó el ejecutivo, quien abogó por la creación de una oficina especializada en la recopilación de datos y el fomento de la competencia, como ocurre en otros sectores regulados.

La Comisión también debate la necesidad de revisar la Ley de Puertos para prohibir prácticas monopólicas u oligopólicas y facilitar el acceso de nuevos operadores a los muelles, actualmente restringido por la privatización de determinadas áreas. Además, se plantea una mayor coordinación con agencias federales como el Federal Maritime Commission y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, para compartir datos y combatir prácticas anticompetitivas.

Por último, Reyes Alfonso denunció que, aunque el gobierno eliminó el cobro de entre $70 y $80 por inspección de furgones, el coste no se ha reducido y la empresa implicada se resiste a abandonar la operación, lo que podría duplicar el impacto económico. Instó a la Comisión a apoyar todas las gestiones necesarias para resolver esta situación.

Otros de las entidades convocadas fueron el Centro Unido de Detallistas, la Asociación de Industriales, Hecho en Puerto Rico y el Departamento de Justicia, varias solicitaron ser excusada y se acogieron a la prorroga otorgada para presentar sus ponencias sobre el tema.

Los representantes miembros de la Comisión reiteraron su compromiso con la investigación para hacer justicia al pueblo. 

“Existe una preocupación generalizada por la falta de transparencia, competencia y datos fiables en el sector portuario, un asunto vital para una isla cuya economía depende casi por completo del transporte marítimo”, indicó, por su parte, Aponte Hernández.